El gran atasco

Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) referentes a los asuntos llegados y resueltos en los 3.011 juzgados y tribunales españoles en los nueve primeros meses de 2003 no constituyen ninguna sorpresa. El sistema judicial no logra sacar adelante los casos que le llegan cada año y se muestra manifiestamente incapaz de aligerar la bolsa de más de dos millones de asuntos pendientes acumulados en los años de gobierno del PP. Según un informe elaborado por el CGPJ, los jueces españoles recibieron entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del año pasado 5.404.170 casos y lograron resolver 5.325.331. Si no se refuerza y reordena la organización judicial o, al menos, se toman medidas supletorias de apoyo a los órganos con más atraso, incluido el Tribunal Supremo, esa gigantesca bolsa de asuntos pendientes se hará crónica y más voluminosa.

Es cierto que la estadística de 2002 refleja un apreciable incremento de la labor resolutiva de los jueces. Ese año entraron en los juzgados españoles, según la memoria del CGPJ, 7.082.285 asuntos -más de cinco millones y medio de carácter penal- y quedaron resueltos 7.035.805. Pero ello no impidió que los asuntos sin resolver aumentaran a fin de año hasta 2.056.425. Algo que, probablemente, también sucederá en 2003 si la cifra de 2.141.688 asuntos pendientes constatada por el CGPJ a fecha de 30 de septiembre no se corrige en la estadística global del año.

La situación no es, pues, para lanzar cohetes, como ha hecho el ministro Michavila, al que incluso le produce "una enorme alegría y satisfacción ver que a 30 de septiembre pasado sólo había dos millones de asuntos que todavía se estaban tramitando". ¿No será porque el Gobierno del PP ha contribuido, con un primera legislatura ayuna en política judicial, a la existencia de esa bolsa de asuntos pendientes que los usuarios de la justicia consideran un atentado a sus derechos, como puso de manifiesto la macroencuesta publicada en septiembre pasado por el CGPJ?

La realidad es que los gobiernos de Aznar no han cambiado la condición de "pariente pobre" de la justicia en los Presupuestos del Estado. La dotación -apenas 1% del gasto público- sigue muy por detrás de la demanda social de justicia y los 4.035 jueces actuales no bastan para atender con la diligencia y la calidad exigibles a los más de 12 millones de ciudadanos que requieren sus servicios cada año.