El vuelco legislativo de la mayoría absoluta

Esta vez no hubo globos sonda. El PP, en su segunda legislatura, la de la mayoría absoluta, aprovechó para dar un notable vuelco legislativo. Las innumerables protestas no le hicieron rectificar, salvo la huelga general, que acabó con la reforma laboral planteada. En sus primeros cuatro años, obligado a pactar, el PP retiró o modificó muchas propuestas tras las protestas sociales y se le acusó de lanzar globos sonda. Esta vez, no. El Parlamento aprobó 190 leyes, algo menos de las 220 de la legislatura anterior, pero mucho más significativas y polémicas.

- "Todos a la cárcel". Así definió la oposición las múltiples reformas para endurecer el Código Penal. La principal tiene que ver con el terrorismo y la delincuencia. A principios de 2003 se modificó en profundidad el Código Penal -llegó a cambiar 175 de sus 639 artículos- para endurecer las penas por delitos de terrorismo, narcotráfico, inmigración irregular, maltrato doméstico y, en general, todos las infracciones tipificadas con penas menores siempre que exista reincidencia, aunque las cifras de delincuencia no descendieron significativamente. La polémica reforma facilita al juez la aplicación de medidas preventivas, como la prisión provisional, en numerosos casos, y eleva de 30 a 40 años la pena máxima por delitos de terrorismo o especialmente graves. También permite castigar con prisión las agresiones domésticas o la reincidencia -cuatro faltas por hurtos o lesiones en un año-. Ante la seguridad de que aumentaría el número de presos, el Ministerio de Hacienda aprobó un crédito extraordinario de 180 millones para construir cuatro nuevas cárceles.

También se modificó la ley de Partidos, que permitió la ilegalización de Batasuna. La reforma del ministerio público, que limita a cinco años el mandato de los fiscales jefes, fue utilizada para acabar con aquellos que no eran del agrado del Gobierno, y marcó el fin del Pacto por la Justicia. Además, se hizo obligatorio acabar las investigaciones en seis meses, lo que dificulta la persecución de grandes delitos económicos.

- Juicios rápidos sin dinero. Es uno de los reproches generalizados: las grandes reformas del PP no llevan aparejadas dotaciones presupuestarias suficientes. Los juicios rápidos permiten en un máximo de 15 a 22 días los delitos y, de manera inmediata, las faltas. Con este procedimiento se pueden juzgar el 70% de los delitos -los castigados con penas inferiores a cinco años de prisión- siempre que se haya detenido al sospechoso. En las 72 horas de arresto permitidas, los agentes deben informar al detenido de sus derechos y citar a las partes y testigos. El resultado de todos los trámites se envía al juzgado de guardia. El juicio tiene que celebrarse en un máximo de 15 días. Terminado el juicio, la sentencia se dicta en los tres días siguientes.

- Nueva reforma de la Ley de Extranjería. Tres veces se modificó. La última reforma se pactó con el PSOE después de que una sentencia pulverizara 11 artículos de la segunda reforma del PP. La ley vigente consagra el visado como único documento que permite entrar y trabajar legalmente en España, limita la admisión de inmigrantes a las capacidades reales del mercado de trabajo, refuerza los controles de entrada y agiliza los trámites de expulsión. También permite a las Fuerzas de Seguridad acceder a los registros del padrón para detectar posibles inmigrantes ilegales y expulsarlos. Decenas de ayuntamientos ya han aprobado mociones pronunciándose en contra de dicha medida. También obliga a las compañías aéreas a informar sobre los pasajeros procedentes de los países ajenos al acuerdo de Schengen, o de Ceuta y Melilla.

- Protestas de estudiantes. La Ley de Calidad de la Educación marcó a principios de 2002 la primera soledad del PP, apoyado sólo por Coalición Canaria, que se convirtió en lo habitual en 2003. Los alumnos de ESO con más de dos asignaturas suspendidas repiten curso, volvieron los exámenes de recuperación y las calificaciones de 0 a 10 en esta etapa, y en primaria, el suspenso o el aprobado. Alumnos, padres y oposición protestaron porque entendían que la ley, sobre todo por los llamados itinerarios, es "elitista" y deja sin salida a los alumnos con problemas. La Ley de Universidades sacó a miles de estudiantes a la calle y paralizó la universidad por las protestas durante meses. La mayor reforma de la universidad española desde 1983 supone el fin a la selectividad (para el curso 2004-2005), modifica los órganos de gobierno, reforma el sistema de selección del profesorado e introduce el sufragio universal ponderado en la elección del rector. Muchas leyes autonómicas de universidades han corregido parcialmente el sentido de esta reforma, que ha sido recurrida ante el Constitucional.

- El debate sobre el Plan Hidrológico. El Plan Hidrológico Nacional es el único proyecto que ha conseguido sacar a la calle a miles de personas no sólo en contra, sino también a favor, en una manifestación en Valencia promovida por el PP y financiada en parte con fondos públicos. El plan, que enfrenta intereses de Aragón y Cataluña con otros de la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería incluye inversiones de más de 18.000 millones en obras hidráulicas en ocho años y un trasvase del Ebro de 1.050 hectómetros cúbicos y con un coste de 4.200 millones de euros.

- El nuevo IRPF y el sistema de financiación autonómica. El Gobierno se echó atrás tras la huelga general de junio de 2001 en la reforma del mercado laboral que pretendía. No así en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que enfrentó al Ejecutivo con las autonomías, ya que obliga a todas las Administraciones a cerrar sus cuentas anuales sin déficit. El PSOE lo llevó ante el Constitucional. El Gobierno también pactó con todas las autonomías, tras arduas negociaciones, el nuevo sistema de financiación, que no tiene fecha de caducidad. Las comunidades socialistas pactaron porque les ofrecían 1.800 millones más de ingresos y nuevas fuentes de financiación (cesión de un porcentaje en la recaudación del IVA, los impuestos sobre hidrocarburos, tabacos, alcohol, electricidad y matriculación de vehículos). Las autonomías pasaron a controlar el 33% del IRPF con capacidad normativa plena, si bien se quejan de que apenas pueden soportar transferencias como la de Sanidad.

El proyecto estrella del Ejecutivo fue el nuevo IRPF. Según Hacienda, los ciudadanos pagan de media un 11% menos. El tipo máximo pasa del 48% al 45% y el mínimo del 18% al 15%, con cinco tramos frente a los seis anteriores. Las deducciones (mínimos personales y familiares) también se elevaron y se crearon algunas nuevas, como la de madres trabajadoras y la de propietarios de pisos en alquiler.