Los afectados por el amianto llevan cinco años a la espera de juicio

Los operarios que resultaron intoxicados por inhalación de amianto en la extinta factoría de Fibrocementos de Levante (Sant Vicent del Raspeig) desde finales de los sesenta y hasta finales del pasado mes de septiembre, se someterán esta semana a la última revisión médica para verificar las secuelas que les dejó. Se trata del último paso para cerrar definitivamente la instrucción de un caso que colea desde marzo de 1998 y que ya se ha cobrado la vida de 12 trabajadores.

Cinco años después, los más de 60 afectados, algunos con la enfermedad ya muy avanzada, esperan justicia. El amianto, un silicato sobreutilizado en la década de los sesenta como material de construcción, ya no se usa. Sin embargo, su huella persiste entre los trabajadores que estuvieron expuestos a este mineral en forma de enfermedad como la fibrosis pulmonar o el cáncer de pleura. "Estamos cansados, pero no desanimados". La frase es de Francisco Martínez, ex operario de la factoría y una de los afectados que ha abanderado junto a otras seis víctimas la batalla legal contra Fibrocementos de Levante, del grupo Uralita, por un supuesto delito de seguridad contra los trabajadores. Desde finales de los noventa, unos 60 empleados de la factoría han contraído asbestosis (afección pulmonar por aspiración de polvo de amianto), de los cuales una docena ha fallecido. Martínez abrió la vía penal contra la empresa y, paralelamente, inició otra incansable batalla en diversos órdenes de la Administración.

Cinco años más tarde, la querella sigue en el juzgado instructor y los ex trabajadores se ven abocados a acudir a la vía jurídica para conseguir la invalidez por enfermedad profesional. En el ámbito administrativo, los afectados han ganado una batalla, quizás crucial para el desenlace penal del caso: el Tribunal Supremo reconoció un suplemento del 30% en las pensiones de estos trabajadores alegando que "contrajeron la asbestosis" en la fábrica. Emilio Martínez, abogado del grupo de los seis afectados -dos de ellos ya fallecidos- que interpuso la querella, señaló este caso como "otro de los dislates de la Justicia". "La demora no beneficia ni a los imputados ni a los damnificados. Esto no es Justicia", dijo. Todavía hoy sin concluir la instrucción del caso, desarrollada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Sant Vicent del Raspeig, ésta ha sufrido varias interrupciones: unas inherentes a la propia aplicación de la justicia (el primer juez instructor archivó el caso al no apreciar indicios de delitos y posteriormente reabrió la causa a instancias del ministerio fiscal para delimitar la responsabilidad de los médicos de la empresa) y otras, extrajudiciales: el retraso endémico de este órgano judicial en la tramitación de las causas.

El elevado índice de criminalidad de la comarca de L'Alacantí sumado a la falta de medios y a la constante movilidad de los magistrados convierten a este partido judicial en uno de los más saturados. Al menos, tres jueces han participado en la instrucción desde el inicio de las diligencias.

Dos facultativos de la factoría y un tercero de la mutua de seguros, entonces Ibermutuamur, el jefe de personal y el director de recursos humanos de la fábrica fueron citados a declarar como imputados durante las diligencias preliminares. La acusación particular sostiene que éstos ocultaron datos relativos al estado de salud de los trabajadores.