El PSOE paralizará el trasvase del Ebro si gana las próximas elecciones

No habrá trasvase del Ebro si el PSOE gana las elecciones. Para aliviar el déficit histórico de agua que padece la cuenca del Segura, el programa socialista defenderá reforzar el existente trasvase Tajo-Segura desde otras cuencas, una vez que se alcance en el Senado un consenso entre los territorios afectados. Ésas son las premisas que figuran en el borrador de programa del PSOE sobre trasvases. La ejecución del trasvase del Ebro se paralizará si los socialistas gobiernan, según Cristina Narbona, miembro de la ejecutiva federal.

La responsable federal de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirma "sentirse muy satisfecha" tras el anuncio del nuevo Ejecutivo catalán de rechazar el trasvase del Ebro hacia Barcelona y de que se haya planteado hacer "muy seriamente los números" sobre otras alternativas que garanticen el abastecimiento de la capital catalana.

Con el trasvase del Ebro y el Plan Hidrológico Nacional, el PP "ha hecho mucha demagogia y ha generado expectativas de incremento ilimitado de la oferta de agua" en el litoral mediterráneo, según el proyecto de programa electoral del PSOE. Este planteamiento no ha tenido en cuenta la viabilidad económica, social y ambiental del trasvase, que "favorecería más a los especuladores del suelo que a los agricultores".

La nueva política del agua del PSOE, que en su día abogó por una red de trasvases, se concreta ahora en 12 puntos muy concisos y madurados tras varios meses de discusiones, por lo que no es probable que sufran cambios sustanciales. Las agrupaciones territoriales tienen de plazo hasta el próximo día 10 para presentar alegaciones, que se someterán a debate público el 17 de enero. La redacción definitiva se incluirá en el programa electoral que saldrá del Comité Federal tras la reunión que realizará el día 6 de febrero.

Una de sus principales apuestas sigue siendo la creación de un banco público del agua en cada cuenca hidrográfica con el fin de favorecer una reasignación más eficiente de los derechos de agua. Esta institución, más que los actuales organismos de cuenca (confederaciones hidrográficas), será quien gestione el agua liberada tras la modernización de regadíos y otros suministros, así como las concesiones que poseen las compañías hidroeléctricas una vez que expiren los plazos de concesión.

Pero antes de nada, el PSOE pretende entrar a saco en las confederaciones hidrográficas y someterlas a una "urgente y profunda reforma". Actualmente, atraviesan una crisis motivada por el desvío de recursos financieros hacia las sociedades estatales de agua, "opacas e inoperantes", y la desmotivación de su personal.

Si gobierna el PSOE, tanto las directrices de esa reforma como la nueva política del agua se debatirán y consensuarán territorialmente en el Senado, además de crear la Conferencia Sectorial del Agua como ámbito permanente de concertación entre la Administración central y las comunidades autónomas.

Una adecuada dotación de las nuevas confederaciones permitirá, según el PSOE, conocer con todo detalle los volúmenes de agua superficial y subterránea que se utiliza, quién la utiliza, con qué resultados -valor añadido, empleo, personas abastecidas, calidad de suministro-, cuánto se paga, quién la paga, qué costes son asumidos por los Presupuestos públicos, quiénes la contaminan y sus consecuencias económicas y ambientales.

En relación a los costes del agua, Narbona está convencida de que el precio de 0,31 euros el metro cúbico que el Gobierno del PP ha valorado para el trasvase del Ebro "es absolutamente falso". Esta dirigente socialista apoya su afirmación en las estimaciones realizadas por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) sobre el coste del agua trasvasada desde el Júcar al Vinalopó, que ha servido a la Comisión Europea para sostener su apoyo a la financiación de un 30% del coste de este trasvase.

Según el Banco Europeo de Inversiones, el coste de ese agua saldrá a 0,46 euros el metro cúbico para los regantes -se han comprometido en un convenio a pagar 0,23 euros-, mientras los usuarios domésticos pagarán en torno a un euro.

Si en un proyecto como ése, de 80 kilómetros de longitud, el precio del agua supera los cálculos del Ministerio de Medio Ambiente para el trasvase del Ebro, ¿a qué precio real saldrá éste si la longitud de sus conducciones es diez veces superior?, se pregunta la responsable federal socialista sobre Medio Ambiente.