Hacienda aplaza sin fecha la norma que permite gravar los 2,8 millones de pisos vacíos en España

La decisión de los ayuntamientos de Sevilla y Barcelona de aumentar un 50% el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a los pisos vacíos y así empujarlos a salir al mercado de alquiler tiene un obstáculo insalvable: falta por especificar los criterios que definan qué es una vivienda vacía, y el encargado de hacerlo, el Ministerio de Hacienda, ha aplazado "sin fecha" esta decisión, según un portavoz oficial. "La medida tiene que tener rango legal y necesita un reglamento que aún no está redactado ni sabemos cuándo lo estará". El Instituto Nacional de Estadística entiende por vivienda desocupada "la que está disponible para la venta o alquiler o simplemente está abandonada". Según el último censo del INE, de 2001, en España hay 20,8 millones de pisos, de los cuales 2,8 millones (el 13,9%) están vacíos o desocupados.

Hasta que no se redacte el reglamento para este nuevo gravamen -que contempla la nueva Ley de Haciendas Locales aprobada hace más de un año- y se definan los criterios para considerar qué es una vivienda desocupada, los ayuntamientos no pueden gravar ninguno de esos pisos. Y, de momento, no se maneja ninguna fecha. El Partido Popular, a través de sus principales dirigentes, se ha manifestado en contra de este impuesto aunque lo defendió en el Congreso de los Diputados como un instrumento para mejorar la autonomía financiera de los ayuntamientos.

Dos grandes ciudades, Sevilla y Barcelona, aprobaron en sus ordenanzas fiscales el recargo, pero no pueden cobrarlo. Bilbao también lo tiene, y la comunidad vasca goza de competencias en materia fiscal que le permiten aplicar el impuesto sin esperar al desarrollo reglamentario del Ministerio de Hacienda.

El INE tiene contabilizado el número de viviendas vacías: 2.894.986 de un total de 20.824.238, es decir, un 13,9%. Este cálculo se basa en la respuesta que ofrecía cada ciudadano en el último censo, de 2001, a la pregunta de si contaba con algún piso vacío. A estas respuestas, el INE sumó aquellas viviendas de las que no constaba ningún dato, donde los inspectores recabaron la información a través de vecinos o conserjes. Lo que no hace el INE es especificar cuántas viviendas vacías son para alquilar, vender o especular.

Según Hacienda, estas cifras del INE sobre pisos desocupados y las que maneje después Hacienda "no tienen por qué ser las mismas; unas funcionan a efectos estadísticos y otras, fiscales".El interés de algunos alcaldes en esta medida fiscal, como los de Sevilla, Barcelona y Madrid, si bien éste último retiró la propuesta por las presiones de la dirección nacional del PP, pretendía incentivar que las viviendas vacías salieran al mercado de alquiler para evitar el pago del recargo fiscal.

En Barcelona -cuyo gobierno municipal está integrado por PSC, Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Cataluña Verds-, en Sevilla (PSOE e IU) y en Bilbao (PNV, IU y EA) ya han aprobado las ordenanzas fiscales incluyendo el recargo para las viviendas vacías, aunque sólo Bilbao puede aplicar ya esta medida.

- Sevilla. El Ayuntamiento sevillano fue uno de los primeros en anunciar que aprovecharía la reforma de la norma estatal para aplicar un recargo a las casas vacías. De hecho, en las ordenanzas fiscales de 2003, el consistorio ya estableció un incremento del 50% en la cuota líquida del Impuesto de Bienes Inmuebles para las viviendas deshabitadas. Según los datos que manejaba entonces el consistorio sevillano, las casas vacías rondaban las 35.000, más de un 10% del parque inmobiliario de la capital.

La medida tomada en Sevilla fue vista con buenos ojos en otras ciudades andaluzas. Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz y presidenta regional del Partido Popular, anunció una iniciativa similar, que no llegó a formalizar.

La decisión tomada por el Ayuntamiento de Sevilla se quedó coja sin la prometida norma del Ministerio de Hacienda sobre viviendas deshabitadas.

Con la legislación vigente apenas había posibilidades de aplicar el recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles, y el delegado de Urbanismo de Sevilla, Emilio Carrillo (PSOE), admitió en septiembre que el efecto de la medida había sido "nimio".

Carrillo llegó a plantear la posibilidad de expropiar las viviendas que se mantuviesen vacías por "motivos especulativos". Pero el Ayuntamiento de Sevilla admitió después que no había "encaje jurídico" para una medida tan drástica, informa Alejandro Bolaños.

- Barcelona. El Ayuntamiento intentó a mediados del mes pasado, a través de la Entesa Catalana de Progrès en el Senado, incluir una enmienda en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del Estado que proponía que fueran las ordenanzas municipales las que determinaran qué se entiende por piso vacío. Es decir, las circunstancias que deberían concurrir para que los ayuntamientos pudiesen aplicar el recargo del 50% del IBI para los propietarios que tuvieran un piso desocupado. Ello suponía, en la práctica, que las administraciones locales desarrollaran el reglamento previsto en la Ley de Haciendas Locales.

Pero la enmienda finalmente no llegó a ser presentada. "Estaban de acuerdo la mayor parte de los grupos salvo el Partido Popular, que no se pronunciaba", explicó a este periódico la senadora Mercedes Aroz, quien tuvo conocimiento, de forma oficiosa, de que los responsables del Ministerio de Hacienda no estaban de acuerdo en delegar en los ayuntamientos la concreción de los requisitos para aplicar el recargo del IBI.

"La respuesta fue que era precipitado", detalló Aroz. El alcalde de Barcelona, Joan Clos (PSC), considera que, en realidad, el Gobierno del Partido Popular no "está por la labor" de desarrollar el reglamento. "Y tampoco de dejar a los ayuntamientos que lo hagan", puntualizó, informa Blanca Cía.