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Moral y economía

Las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, contra el matrimonio civil entre homosexuales y el reconocimiento legal de las parejas de hecho no tendrían mayor interés de mantenerse en el terreno de las consideraciones tópicas de la Iglesia católica sobre los fines procreativos del matrimonio y el carácter "antinatural", según la terminología eclesiástica, de la orientacion homosexual. Pero Rouco Varela se ha metido en esta ocasión en terreno ajeno y ha blandido la razón económica del delicado argumento de las cuentas de la Seguridad Social para sustentar su posición moral en contra de las demandas de equiparación legal de homosexuales y parejas de hecho.

El presidente de la Conferencia Episcopal no sólo echa sobre este amplio colectivo de ciudadanos que contribuyen con sus impuestos al bienestar general la responsabilidad de una posible quiebra de la Seguridad Social, sino que busca movilizar al resto en contra de cualquier iniciativa legislativa que atienda las demandas de equiparación legal. Ha querido salir así al paso de la promesa de Rodríguez Zapatero, recogida en el programa electoral del PSOE, de reconocer el matrimonio entre homosexuales y de promulgar una ley de parejas de hecho que complete la regulación de este tipo de uniones ya existente en la práctica totalidad de las comunidades autónomas, algunas de ellas gobernadas por el PP.

Con ser grave la actuación del presidente de la Conferencia Episcopal, entrometiéndose en cuestiones que no le competen y blandiendo argumentos alarmistas y en modo alguno contrastados, no lo sería tanto si el mismísimo ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, no la hubiera avalado con parecidos argumentos, que, impropios de un dirigente religioso, resultan escandalosos en boca de un gobernante. Dice Montoro que la equiparación en derechos civiles y sociales de homosexuales y de parejas de hecho supondría mayor gasto público y aumento del paro. ¿Qué datos tiene Montoro para afirmarlo?

Es grave, por no decir irresponsable, que Rouco enarbole la posible quiebra de la Seguridad Social ocultando que las pensiones de viudedad dependen de las cotizaciones, que los homosexuales y parejas de hecho financian con sus impuestos los gastos del resto de los ciudadanos y que el envejecimiento de las sociedades europeas se debe a la decisión de las parejas, incluidas las católicas, de tener menos hijos que antes. Un ministro no debería actuar tan a la ligera y sustentar lo que dice en datos incontestables. Pero aunque fueran ciertos esos riesgos, el deber de un gobernante democrático es afrontarlos y nunca utilizarlos para negar a los ciudadanos derechos reconocidos en la Constitución y que el Estado está obligado a garantizar.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 03 de enero de 2004.

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