En la cola europea en inserción laboral

España es el último país de la Unión Europea en inserción laboral de discapacitados, según Eurostat. Sólo el 4,2% de la población activa sufre algún tipo de minusvalía. El Gobierno ha aprobado una batería de reformas legislativas para intentar enderezar esta situación, coincidiendo con el final del Año Europeo de la Discapacidad que se ha celebrado durante 2003.

El 12,7% de los trabajadores de los 15 países de la Unión Europea sufre algún tipo de minusvalía

Son datos de 2002 y una rareza en un mundo, el de la inserción laboral de personas con discapacidad, en el que apenas existen estadísticas. Pero las cifras no admiten dudas. Según la agencia europea estadística Eurostat, España está en la cola de la Unión Europea (UE) en porcentaje de personas empleadas con discapacidad de 16 a 64 años. Las que trabajan representan sólo un 4,2% de la población activa española.

Este porcentaje contrasta con los de países como Finlandia, con un 27,1%; Francia (21,3%), y el Reino Unido (20,4%). Si se toma como referencia los 25 países europeos analizados por Eurostat (que incluyen, además de los 15 miembros actuales de la UE, a ocho de los que se integrarán en la organización en 2004, más Noruega y Rumania), España se sitúa en el puesto número 21. El porcentaje global entre las 25 naciones estudiadas es de un 11,8% de trabajadores con minusvalía respecto a la población activa (el 12,7% si tomamos sólo la Europa de los Quince).

La clasificación debe sufrir una ligera corrección atendiendo a que en España el número de personas en edad de trabajar con discapacidad declarada es menor que en la mayoría de países examinados. Según Eurostat, este colectivo equivale al 8,7% de la población activa, frente al 15,7% del conjunto europeo. Con todo, la variación no afecta al hecho de que España cierre las estadísticas de la UE.

Otro dato relevante recogido en el informe de Eurostat de finales de noviembre indica que, en el conjunto europeo, sólo el 16% de quienes deben afrontar restricciones físicas en su entorno laboral recibe apoyo por parte de sus empresas para minimizarlas o evitarlas. Además, la tasa de desempleo europea es el doble entre los que padecen minusvalías respecto a los que no.

En España, la publicación de estos datos coincide con una batería legislativa lanzada por el Gobierno como colofón al Año Europeo de la Discapacidad. Estas medidas incluyen la trasposición, mediante el cajón de sastre de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2004, de la directiva europea contra la discriminación de personas con minusvalía en el entorno laboral. Para Stefan Trömel, director del Foro Europeo de la Discapacidad, esta última inclusión "no supondrá un vuelco en las cifras de empleo, pero sí servirá para romper barreras mentales en las empresas, las cuales, como pasó en el Reino Unido a partir de 1995, empezarán a preguntar a las consultoras si están preparadas para acoger a personas con discapacidad".

En su opinión, "el mayor impacto inicial será sobre el colectivo con minusvalías que ya dispone de trabajo, porque hasta ahora las empresas podían limitarse a cumplir las cuotas legales y olvidarse de adecuar el entorno laboral a los contratados con discapacidad". Para Trömel, "a partir de 2004 las compañías españolas deberán revisar sus políticas de recursos humanos y empezar a examinar cosas como si su sala de entrevistas está adaptada a candidatos con discapacidad". De lo contrario, se verán expuestas a sanciones.

En España, las empresas con más de 50 trabajadores están obligadas por ley a contar al menos con un 2% de discapacitados en su plantilla. En la Administración, el porcentaje sube al 3%. Como alternativa, pueden optar por destinar una parte de su presupuesto a la compra de bienes y servicios a centros especializados donde trabajan personas con minusvalía o bien realizar donaciones a las organizaciones que trabajan por su integración. En todo caso, "esa cuota del 2%, pese a ser pequeña, en comparación, por ejemplo, con el 5% de Francia o Alemania, no se ha venido cumpliendo", dice Trömel.

Fuentes de UGT, que confirmaron esta última apreciación, señalaron que "la falta de control ha sido la norma hasta ahora; la trasposición de la directiva antidiscriminación es un paso adelante, pero se ha hecho sin análisis previos, sin dotación presupuestaria y sin participación de los agentes sociales", por lo que ponen en duda su efectividad. Según UGT, sólo "el reforzamiento de la inspección", unido al establecimiento de análisis estadísticos y sistemas de información periódicos, acabará con la indisciplina actual. Para Trömel, "las limitaciones en materia de formación profesional" son el mayor defecto de la directiva adoptada por España.