El PSPV exige a Fabra que explique el aumento de su patrimonio ante las instituciones

El PSPV-PSOE ha decidido recurrir a la vía oficial para conocer el incremento patrimonial del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, desde su llegada a este cargo. Ante las exigencias de los socialistas, que han presentado escritos para pedir los datos en las Cortes, la Diputación de Castellón y el Ayuntamiento de la ciudad, el PP de la provincia mantiene su apoyo "incondicional" a su líder pese a que la herida política se deja ver ya en la confección de la lista de Castellón para las próximas elecciones generales, en la que Carlos Fabra pierde influencia frente a Zaplana.

Alcaldes y concejales apoyan a Fabra ante las querellas por estafa y apropiación indebida

Los grupos socialistas en las Cortes Valencianas, en la Diputación de Castellón y en el Ayuntamiento de la capital de La Plana han presentado sendos escritos oficiales con el objetivo de acceder a la declaración de intereses y de actividades empresariales y profesionales presentada por el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, desde 1995, cuando accedió a la presidencia de la institución provincial. Según fuentes socialistas, se ha optado por la "vía oficial" para conocer con "exactitud" el incremento patrimonial del máximo dirigente del PP en Castellón.

Las mismas fuentes indicaron que los portavoces del PSPV-PSOE han adoptado esta medida "tras las graves acusaciones difundidas" después de que el empresario Vicente Vilar presentara dos querellas contra Fabra por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, contra la salud pública y contra la propiedad industrial y que involucran al presidente de la Diputación de Castellón en una presunta trama de tráfico de influencias, según la denuncia del propio Vilar.

La petición "oficial" de los socialistas se argumenta, además, en el hecho de que el presidente de la Diputación "siga escondido", tal como indicaron dichas fuentes, que consideran "injustificable" que Carlos Fabra no haya comparecido públicamente para aclarar lo que consideran "el escándalo político más grave de toda la etapa democrática en Castellón". Las mismas fuentes han hecho referencia a la compatibilidad, no negada, entre sus actividades públicas y privadas, como empresario asesor. Los portavoces socialistas confían en que las administraciones no pongan ningún reparo en la entrega de la información solicitada, aunque lamentan que no haya sido el propio Fabra el que haya optado por explicar las posibles irregularidades lo que evidencia, según indicaron, "que el actual presidente de la Diputación no tiene argumentos para defenderse".

El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, contestó ayer a la petición de los socialistas y argumentó que, con ella, "demuestra una vez más lo perdidos que están". Camps replicó que el PSPV "podría buscar en el baúl de sus propuesta alguna idea interesante" y criticó su falta de "ideas, propuestas, iniciativas e inquietudes de futuro que trasladar a la sociedad". "Fabra es y seguirá siendo uno de los grandes políticos que ha dado Castellón y la Comunidad Valenciana", añadió el presidente del Consell.

Mientras, la herida política que la denuncia del empresario ha causado al presidente del PP de Castellón se deja entrever en las negociaciones para la confección de la lista de candidatos al Congreso para las próximas elecciones municipales. Mientras que el actual ministro de Ciencia y Tecnología, Juan Costa, se mantendrá como número uno, los candidatos de Fabra, como Juan José Ortiz o Miguel Prim, pierden peso en favor de nombres como el de Fernando Castelló o Miguel Barrachina, considerados como "hombres" del ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana.

En cualquier caso, el PP de Castellón mantiene el respaldo a su líder y ayer fueron los alcaldes, concejales y presidentes locales de las comarcas de Castellón y Albocàsser quienes mostraron su "apoyo incondicional" a Carlos Fabra. En dicha ejecutiva comarcal, casi un centenar de representantes del PP de un total de 27 municipios castellonenses, defendieron, según fuentes del PP, la "honorabilidad" de su presidente provincial.