Las obras de la carretera de Cabanes a Oropesa obligan a talar 100 pinos

Entre 30 y 40 agentes de la Guardia Civil vigilaban desde la primera hora de la mañana de ayer para impedir la interrupción de las obras de la carretera Cabanes-Oropesa, que según los vecinos de Miravet, ya se han adentrado dos kilómetros en el tramo que fue protegido por el juzgado número 6 de Castellón en 2001. La construcción de la carretera implica la tala de un centenar de pinos en las proximidades del Desert de les Palmes.

Las máquinas, según el testimonio de los vecinos, habían acelerado ayer los trabajos de tala y desmonte en un tramo sobre el que el juzgado número 6 de Castellón advirtió en su día de las "graves consecuencias medioambientales" que podría implicar la realización de la carretera

. Las obras son responsabilidad de la Consejería de Infraestructuras y la empresa Nexo. Infraestructuras insiste en que realizó las modificaciones oportunas del proyecto en febrero de 2002. Sin embargo, el grupo ecologista GECEN recuerda que dichos cambios ya fueron tenidos en cuenta y desestimados por el juez . El daño y las "graves consecuencias" son ya "irreversibles e irreparables" a juicio del portavoz del colectivo vecinal, Julio Fernández. Las máquinas cortaron ayer "más de un centenar de pinos de 25 a 50 años", en un entorno próximo al Desert de les Palmes que alberga especies de crustáceos, insectos y arácnidos cavernícolas, algunos de ellos únicos en el mundo.

Los vecinos y el colectivo ecologista continuaban ayer con sus protestas contra el vial. Unos 50 representantes de ambos grupos se manifestaron en la plaza de María Agustina en Castellón, ante la Subdelegación del Gobierno, para pedir a su titular, Vicente Sánchez Peral, la "retirada inmediata de las máquinas y los trabajadores" de la zona. Julio Fernández destacó que ya se han recogido casi 4.000 firmas de apoyo a sus reivindicaciones y recordó que hay dos manifestantes en huelga de hambre desde hace días. Por su parte, el representante de GECEN, Francisco González, criticó el desalojo por la Guardia Civil de los vecinos acampados ante las obras el pasado día 22 y apuntó al subdelegado como al "auténtico juez instructor" de este caso. "Se cree por encima de la ley", dijo, y se quejó de que "ha calificado a los grupos que protestan de delincuentes coactivos", en una "actitud antidemocrática". La fiscalía espera todavía el informe sobre la incidencia de las obras en el medio ambiente y considera que, de momento, las máquinas "no están trabajando en el área" protegida.