Las denuncias de un industrial ponen contra las cuerdas al presidente de la Diputación de Castellón

La decisión del empresario Vicente Vilar de querellarse contra Carlos Fabra, presidente del PP de Castellón y de la Diputación provincial, por supuestos delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y contra la salud pública y la propiedad industrial, ha colocado a éste en el centro de uno de los mayores escándalos políticos registrados en la Comunidad Valenciana. Fabra, a quien Vilar acusa de cobrar dinero a cambio de favores políticos, compatibiliza sus cargos públicos con actividades empresariales y ha aumentado notablemente su patrimonio desde que dirige la Diputación, en 1995.

El industrial Vicente Vilar asegura en sus denuncias que las empresas del grupo Naranjax, de las que él fue administrador único hasta finales del pasado mes de noviembre, "entregaban importantes sumas de dinero a Carlos Fabra por gestiones que él mismo efectuaba ante altos cargos de la Administración, tanto estatal como autonómica", para agilizar el registro de productos fitosanitarios cuyo trámite en los Ministerios de Agricultura y Sanidad podían tardar años. Según la denuncia de Vilar, dado que se le entregaban a Fabra "cantidades dinerarias de mucha mayor cuantía sin justificación contable", ambos decidieron constituir una empresa participada al 50%, Artemis 2000, SL, a la que pensaban dotar de "productos fitosanitarios de gran tirada comercial e importante margen económico". Artemis 2000, según la denuncia del industrial, fue constituida al 50% por las esposas de Vicente Vilar y Carlos Fabra, Montserrat Vives y Amparo Fernández, respectivamente.

Según la denuncia, el fabricante y comercializador de los productos sería en la práctica Naranjax, pero la sociedad instrumental Artemis 2000 permitiría seguir abonando dinero, de manera que se pudiese justificar contablemente, a Carlos Fabra, quien en abril de 2000 constituyó la empresa Carmacas, SL, dedicada al asesoramiento laboral y la formación para la prevención de riesgos laborales, según consta en el registro mercantil.

Carlos Fabra logró en 1999, a propuesta del Grupo Popular en la Diputación de Castellón, la compatibilidad para mantener sus responsabilidades públicas -que incluyen la presencia en un puñado de consejos de administración de empresas de la Generalitat Valenciana- con el desempeño de su actividad como "abogado y como corredor de seguros en ejercicio". Unas actividades con las que Carlos Fabra ha justificado, pese a no coincidir con el objetivo social de Carmacas, el importante incremento patrimonial acumulado desde que accedió a la presidencia de la Diputación en 1995.

Un incremento patrimonial que ha ido parejo al aumento de su influencia política y que ha permitido a Carlos Fabra adquirir en menos de ocho años una casa, rehabilitada íntegramente, con una parcela de 1.000 metros cuadrados en la selecta urbanización de Les Platgetes de Bellver -muy próxima a la que fue residencia estival de José María Aznar en Oropesa-; un edificio de tres plantas también reformado en el municipio castellonense de Culla y un piso de casi 200 metros cuadrados en la plaza de Las Salesas de Madrid.

El presidente de la Diputación de Castellón, que ha anunciado una querella por un supuesto delito de calumnias y falsas acusaciones contra Vicente Vilar todavía no presentada en el juzgado, se ha limitado por ahora a señalar que todos sus ingresos son absolutamente legales y están sobradamente justificados.