Una pieza clave en la crisis de los populares valencianos

Carlos Fabra, presidente del PP de Castellón, es una de las piezas clave en la crisis abierta entre los populares valencianos a causa de la bicefalia existente entre el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y el ministro y presidente regional del partido, Eduardo Zaplana. Fabra, heredero de una saga de políticos castellonenses que tiene sus raíces en el caciquismo del siglo XIX, ejerce un control férreo sobre la provincia y ha logrado una notable influencia gracias a su amistad con José María Aznar y Ana Botella, matrimonio con el que compartió durante años los veranos de Oropesa desde antes de que Aznar llegase a La Moncloa.

Aliado incondicional de Eduardo Zaplana mientras éste estuvo al frente de la Generalitat, Carlos Fabra apostó el pasado verano por Francisco Camps. Tanto Zaplana como Camps han expresado su confianza en la "honorabilidad" de Fabra al estallar el escándalo. Consciente de que buena parte de los presupuestos con los que ha de realizar inversiones en Castellón provienen de las arcas valencianas, Fabra -que mantiene sus propios contactos en Madrid- mostró públicamente su apoyo al nuevo presidente de la Generalitat, que aspira a dirigir el PP de la Comunidad Valenciana.

Un apoyo que ha permitido al presidente de la Diputación de Castellón situar a uno de sus hombres de confianza al frente de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas; impulsar su sueño de contar con un aeropuerto propio en la provincia -pese a que el de Manises está sólo a 60 kilómetros- y disponer de amplios resortes políticos y económicos (logró que el Gobierno valenciano nombrase director general de Empleo al portavoz del PP de Benicàssim para que éste renunciase a su acta y facilitase una moción de censura contra el alcalde socialista, que al final se frustró).

Puntal del nuevo Consell

Desde su puesto de presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra se ha convertido en uno de los puntales del nuevo Consell de la Generalitat. Mientras tanto, la presidencia de la Diputación de Castellón, en la que cuenta con 17 asesores, se ha convertido en la atalaya desde la que controla la vida política de la provincia de norte a sur. Siempre sin salirse de sus límites, pero sin dejar que nadie los traspase.

Los socialistas, que no votaron a favor de su compatibilidad con el ejercicio de la abogacía y la correduría de seguros, han exigido reiteradamente a Fabra que dé explicaciones de sus actividades y de su patrimonio. El propio secretario de organización del PSOE, José Blanco, pidió la intervención de la Fiscalía Anticorrupción. Los socialistas valencianos reclaman una comisión de investigación, hasta ahora sin éxito.