Zona Franca de Cádiz compra una empresa sancionada por la Junta
El consorcio depende del Gobierno central, principal cliente de Quality Food
La Zona Franca de Cádiz, dependiente del Ministerio de Hacienda, se ha convertido en el principal accionista de la empresa Quality Food, dedicada a los servicios de alimentación y catering. Esta empresa, cuya facturación principal depende de los ministerios de Interior y Defensa, ha sido recientemente sancionada por irregularidades en el pago a docentes de cursos de formación.
Según fuentes de la Junta de Andalucía, que sancionó a Quality Food, esta empresa cuenta con 475 trabajadores y ha experimentado desde su creación, en 2001, un gran crecimiento en su facturación y plantilla gracias a los contratos que mantiene con los ministerios del Interior y de Defensa y con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
La Zona Franca tenía hasta la fecha un 24% de las acciones. El acuerdo alcanzado con los restantes accionistas permite al recinto fiscal gaditano adquirir un 27% más de las acciones y quedarse con el 51% de la sociedad, según informó ayer el Consorcio de la Zona Franca, que preside la presidenta del PP, Teófila Martínez, por su condición de alcaldesa de Cádiz.
"Esto va a permitir la gestión directa, de forma temporal, de Quality Food hasta que se consolide, como se ha acordado entre los socios, el proyecto empresarial en la ciudad de Cádiz y en la Bahía", detalló el Consorcio.
Quality Food y sus sociedades filiales poseen una importante fábrica de preparación de platos precocinados y pasteurizados. Una segunda fábrica, que se construye actualmente en el barrio de Puntales de Cádiz, permitirá a esta empresa multiplicar por ocho la producción de platos precocinados y alcanzar las 100.000 unidades diarias.
Esta operación de la Zona Franca se produce dos semanas después de que la Consejería de Empleo haya impuesto una sanción de 3.010 euros a esta empresa por una "infracción grave" detectada en cursos de formación financiados con la colaboración de la Junta de Andalucía. Según la Dirección General de Trabajo, esta empresa no abonó las retribuciones económicas señaladas a una profesora por un curso impartido en octubre de 2001. Esta sanción, que es firme en la vía administrativa, puede tener repercusiones graves para esta empresa porque la Ley de Contratos del Estado impide a una sociedad sancionada por una infracción de este tipo contratar con la Administración pública, el principal cliente de Quality.
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