El abogado del Estado alega que la apuesta soberanista "desplaza al pueblo español"

La Abogacía del Estado ha reiterado al Tribunal Constitucional su petición para que admita a trámite la impugnación del del Gobierno central contra el acuerdo de la Mesa del Parlamento vasco sobre el plan Ibarretxe, ya que, en su criterio, éste "pretende incoar un proceso constituyente en una parte del territorio español, basándose en una supuesta soberanía originaria de la que es titular la Comunidad Autónoma de Euskadi" que "desplaza al pueblo español".

La Abogacía presentó ayer el escrito de alegaciones que le pidió el Constitucional el día 4, un trámite que se hizo extensivo también al Gobierno vasco, ante la profunda división del tribunal sobre la admisión de la impugnación contra el plan soberanista del lehendakari. Si finalmente se acordase la admisión, la tramitación en la Cámara vasca del plan Ibarretxe quedaría automáticamente suspendida por un periodo inicial de cinco meses.

El abogado del Estado dedica 14 folios a justificar que los acuerdos del Gobierno y del Parlamento vasco sobre el plan Ibarretxe son "resoluciones" en el sentido de los artículos 161 y 76 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional,es decir, que dichos acuerdos pueden ser impugnados en tanto "resoluciones emanadas de cualquier órgano de las comunidades autónomas". Añade que la impugnación no intenta promover preventivamente el control de constitucionalidad de una mera propuesta de Estatuto vasco, sino determinar si el acuerdo del Gobierno autónomo que aprueba el plan soberanista respeta el Estatuto de Gernika y la Constitución.

Para el abogado del Estado, el "objetivo político" del plan Ibarretxe

puede resumirse así: o bien hacer prevalecer que, en virtud de los "derechos históricos de los territorios forales", la Constitución no rige en el País Vasco, o rige de manera muy menguada; o bien imponer la reforma constitucional precisa para el que el plan Ibarretxe sea compatible con la Constitución, "con la implícita amenaza de que en el caso de no acceder a esta imposición,el pueblo vasco ejercitará como le parezca una supuesta soberanía originaria que aparece bajo el atuendo de derecho a la autodeterminación".

La propuesta de reforma del Estatuto del País Vasco, prosigue el escrito, es un "imposible jurídico" porque rebasa el marco estatutario al presentarse como "obra constituyente de un nuevo soberano que desplaza al pueblo español, en quien reside la soberanía nacional".