Un 83% de los andaluces apoya la creación de una policía autonómica con competencias
Los ciudadanos piden que se encargue del narcotráfico, los menores y el maltrato doméstico
El 83% de los andaluces se declara de acuerdo con el proyecto de Policía Autonómica que la Junta de Andalucía planea aprobar en la próxima legislatura. Un 88% cree que este cuerpo "debe complementar" la labor de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, aunque considera que debería encargarse de la persecución del tráfico de drogas, de la delincuencia organizada y la represión al tráfico de inmigrantes, que no son competencias autonómicas. Son algunas de las conclusiones de la segunda fase de una encuesta encargada por la Junta y que hizo pública ayer el consejero de Gobernación, Alfonso Perales.
La encuesta está realizada por la empresa Red de Campo Obradoiro de Sociología, que efectuó durante la primera quincena del pasado mes de octubre 1.000 entrevistas telefónicas en todas las provincias andaluzas -323 en las capitales-. Ocho de cada diez andaluces abogan porque Andalucía cuente ya con una policía propia y el 88% entiende que debe complementarse con los cuerpos y fuerzas de la Seguridad del Estado.
"Hemos hecho diana con el proyecto de ley porque hemos interpretado lo que los ciudadanos quieren. Los ciudadanos no quieren que haya divisiones policiales y en este caso tienen clarísimo que la Policía Autonómica cuando nazca tendrá que complementar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, no sustituirla", subrayó Perales, quien valoró igualmente que los andaluces pongan especial énfasis en que el nuevo cuerpo se encargue fundamentalmente de la protección de menores, la vigilancia urbanística y del maltrato en el domicilio doméstico -que son competencias que ya tiene la unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Junta-, además de la lucha contra el tráfico de drogas y de inmigrantes, y de la delincuencia organizada. Otros asuntos que los ciudadanos consideran que la Policía Autonómica debería abordar son la seguridad en el trabajo, la protección del medio ambiente y la policía de tráfico. "Este último aspecto está recogido por Chaves en la reforma del Estatuto de Autonomía", subrayó Perales.
Estos datos completan la primera fase de esta misma encuesta que detalla que el 21% de los andaluces considera que la seguridad ciudadana es "mala", mientras que un 51% la tildan de "regular". Sólo el restante 28% califica la seguridad de "buena" o "muy buena". Para el consejero de Gobernación, estos datos demuestran que, desde que gobierna el PP en Madrid, "la criminalidad ha crecido de manera considerable a pesar de las promesas realizadas por el Gobierno central".
Los ciudadanos consideran que los fallos "más graves" se producen en asuntos fundamentales como la prevención de los malos tratos, el tráfico de drogas, la delincuencia organizada y la inmigración clandestina. El 70% de los encuestados achaca este aumento de la inseguridad ciudadana fundamentalmente a la "escasez" de efectivos policiales, mientras que otras causas aducidas son la descoordinación, y a la falta de recursos económicos y materiales para los cuerpos de seguridad. "La encuesta viene a determinar con claridad lo que cualquiera de nosotros diría si se nos preguntara y es que hay un incremento de la inseguridad y las causas son que faltan policías, no hay coordinación y la policía carece de los medios necesarios", dijo el consejero.
"Es el fracaso estrepitoso del Plan de Lucha contra la Delincuencia. Aquello cuando el PP dijo que iban a barrer las calles de delincuentes ha sido un fracaso. Todo ha sido una política de parcheo y un baile de guardias civiles y policías nacionales de un lugar para otro", denunció Perales, quien detalló que los ciudadanos expresan su principal preocupación por la "desatención" que sienten en la prevención del maltrato doméstico, la persecución del tráfico de drogas, la lucha contra la delincuencia organizada y la represión del tráfico de inmigrantes indocumentados. Por el contrario, los andaluces se consideran "especialmente atendidos" en el tráfico de carreteras y en la protección del medio ambiente.
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