"Hay que comprender que sin empresas, no hay trabajadores"

"Una cosa detrás de la otra, si no se nos cae todo encima". Así encara su nuevo cargo como consejero de Trabajo e Industria Josep Maria Rañé, de 49 años y desde los 22 militante de UGT, de cuya dirección ha formado parte hasta hace ocho. Se define como un "sindicalista en excedencia" y tiene el reto de "colocar a Cataluña a la cabeza de la economía del Estado, en la era de la sociedad de la información como lo fue en la era de la economía basada en el sector industrial". Se declara especialmente inquieto por la falta de formación de la población empleada, el exceso de temporalidad, la flexibilidad entendida como precariedad y la siniestralidad laboral. Entre sus prioridades figuran mejorar la relación con la industria y potenciar el Servicio de Empleo de Cataluña para adaptarlo a las necesidades de las empresas y para dar formación que facilite el acceso al empleo.

"Incentivaremos pactos que tiendan a las 35 horas a través de la negociación colectiva"

"Si se llega tarde, no hay que subvencionar a empresas sin solución, sino cerrarlas con orden"

Pregunta. Con su trayectoria sindical, ¿las empresas tienen garantizado que también las defenderá?

Respuesta. Cuando he sido diputado no he ejercido de sindicalista, y ahora menos. Hay que desempeñar el papel que corresponde. Lo primero que hay que decir es que sin empresas no hay trabajadores. La cuestión es qué tipo de relación hay entre ellos dentro de la empresa. El modelo de relaciones laborales de los años ochenta se basaba en que por costes la empresa podía competir. Era muy jerarquizado. Si queremos ir a otro modelo de competitividad tenemos que pasar a otro modelo de relación laboral que incorpore gente capaz de adaptarse a los cambios, comprometida con la empresa. A cambio, esta gente espera estabilidad e inversión en formación. Pedir inversión en formación y estabilidad es defender al trabajador, pero la empresa que apueste por el futuro necesitará hacerlo. Deben ganar los dos. Ambas partes deben intentar ponerse de acuerdo. La Administración sólo participa cuando una parte no respeta el marco legal.

P. ¿Qué significa en el siglo XXI reforzar la política industrial?

R. Ayudar a las empresas a que la sociedad del conocimiento se incorpore a la modernización de los procesos y la producción de bienes y servicios. Esta nueva sociedad democratiza la información y las decisiones, se modifican las formas de organización. La Generalitat puede poner las bases para que esto sea posible. Hoy es un despilfarro que sólo se aproveche de las personas su fuerza de trabajo.

P. ¿Su antecesor no lo hizo?

R. Creo que poco. Se iba más a remolque de los acontecimientos. No anunciaremos oficinas para anticipar crisis dos años después de que cierren empresas.

P. ¿Es partidario de dar ayudas a una firma en crisis?

R. Si llegamos tarde para evitarlo, lo más realista que podemos hacer con algunas compañías es hacer un entierro de primera. No hay que subvencionar en un pozo sin fondo. Hay que buscar un acuerdo entre la empresa y los trabajadores para un cierre ordenado y trabajar deprisa para dar oportunidades de empleo en la zona. Pero si hay ocasión de ayudar a sectores con importancia estratégica, ocupacional o territorial, debe aprovecharse para modernizarlos y sustituir una producción industrial por otra.

P. ¿Cómo lograrán los acuerdos con multinacionales para que centren su actividad en la de valor añadido frente a decisiones como las de Valeo o Lear?

R. Las multinacionales, cuando ubican sus centros productivos, tienen una serie de parámetros como las comunicaciones o las infraestructuras. En eso debemos mejorar. Pero debe verse que el Gobierno de la Generalitat no quiere generar problemas, que éste no sea un territorio conflictivo desde un punto de vista político y sí con un Gobierno próximo con clara firmeza para asumir liderazgo. Hay empresas que pese a haber apostado en los ochenta por los costes más bajos, han hecho los deberes y hoy son competitivas. Otras, no. Valeo o Lear no están en crisis. Sólo decidieron irse. Es distinto.

P. Poco puede hacerse entonces.

R. Planteamos que asuman su responsabilidad social. Un adiós a la brava no lo pondremos fácil.

P. ¿No es discriminatorio dar prioridad en los contratos a las pequeñas empresas y si se usa el catalán?

R. Son las pymes las que sufren una discriminación. Planteamos una acción de compensación positiva. Sobre el catalán, es bueno que el potencial de contratación de la Generalitat ayude a desarrollar el uso social del catalán. Pero valorarlo con exclusividad sería negativo. Sirve para ganar puntos.

P. ¿Implantarán las 35 horas?

R. Hay que incentivar que haya acuerdos a través de la negociación colectiva que tiendan a las 1.600 horas al año. Es algo progresivo y progresista. Cuando tengamos un puñado de empresas se podrá plantear la ley que recoja al descolgado. La realidad de la negociación colectiva en Cataluña es que está más cerca de las 1.600 horas que de la semana de 40 horas.

P. ¿Qué presupuesto dedicarán contra la siniestralidad?

R. Necesitamos más recursos, pero no sólo eso. Se ha hecho poca prevención, no siempre de buena calidad. La forma de organizar el trabajo no tiene en cuenta la prevención de riesgo desde el principio y la Administración no se ha implicado con suficientes recursos y control. Hay empresas que hacen las cosas bien y otras no. Decididamente, vamos a buscar la reducción de la siniestralidad por la vía política y por la punitiva para el que no cumpla. Pediremos el traspaso de inspectores. El Gobierno central debe entender que no pasa nada si éstos dependen de la Generalitat.

P. ¿Qué harán con la sentencia sobre el Forcem?

R. Nos da la razón, pero no nos da dinero. El Gobierno central debe tomar nota de que no puede repetir para 2004 lo que ha hecho en 2003. Las sentencias del Constitucional son obligatorias. Las reglas de juego están fijadas. No sólo para el pasado, sino para el futuro.