"Nos comprometemos a que las clases medias reciban ayudas sociales"

Anna Simó (Els Alamús, 1968) se instaló ayer por la mañana en su despacho del Departamento de Bienestar y Familia. Licenciada en Filología Catalana, hasta la fecha trabajaba en el Consorcio de Normalización Linguistica. Es la más joven del gabinete de Pasqual Maragall, pero esta militante de ERC asegura sentirse muy respaldada y dice querer "transformar a fondo" un departamento que, opina, está falto de objetivos y planificación. Predica un cambio tranquilo, a fondo y "sin brindis al sol".

Pregunta. El pacto de gobierno que ha situado a Pasqual Maragall a la presidencia de la Generalitat se compromete a universalizar los derechos sociales. ¿Cómo piensa lograrlo?

Respuesta. De entrada, reconociendo estos derechos. Todos sabemos que un derecho, si no comporta un deber, en este caso de la Administración, no es real. Hace falta una nueva ley de derechos sociales que deje claro cuáles son los de los ciudadanos en esta materia y qué se puede pedir a la Administración.

"Los homosexuales deben disfrutar de los mismos derechos, incluida la adopción"

P. ¿Y cuáles serán las novedades en este sentido?

R. Hay que hacer políticas sociales también para la clase media, esta clase media que paga muchos impuestos pero que recibe pocos servicios porque está por encima de los mínimos que se consideran de urgencia. Hasta ahora todos los recursos se han destinado a cubrir estos mínimos. Hay que potenciar ayudas que ya se están dando como las dirigidas a las familias con hijos de cero a tres años. Las clases más altas ya se resuelven los problemas por su cuenta y las bajas sí tienen apoyo, aunque muchas veces insuficientes de la Administración. Pero las clases medias siguen siendo las más damnificadas por el sistema. Por eso nos comprometemos a que las clases medias también puedan acceder a las ayudas sociales.

P. El nuevo Gobierno se ha comprometido a complementar las pensiones no contributivas para que alcancen, al menos, el 80% del salario mínimo interprofesional. ¿Cómo lo harán?

R. De entrada, tenemos que hablar de la herramienta que utilizaremos. Tenemos que regular estos complementos por ley, cosa que no logramos en la pasada legislatura. Y la ley tiene que hacerse rápido, quizás antes de dos años, que es el plazo de tiempo que nos hemos puesto para aprobar la Ley de Servicios Sociales. En este tiempo tenemos que estudiar muy a fondo el sistema de financiación para no hacer ningún brindis al sol.

P. En los próximos meses deberá trabajar con unos presupuestos prorrogados. ¿Frenará esto la transformación de su departamento?

R. Evidentemente que nos afectará, pero en estos seis o siete meses que trabajaremos con la prórroga presupuestaria de este año sí podemos comenzar a aplicar medidas políticas como la de que todas las familias, independientemente de su estructura o de la tendencia sexual de sus miembros, puedan tener los mismos derechos.

P. ¿Significará reconocer la igualdad de derechos entre parejas heterosexuales y homosexuales?

R. Por supuesto. Las parejas homosexuales deben disfrutar de los mismos derechos, incluida la adopción de niños.

P. ¿Y cómo esquivarán la previsible ofensiva legal del PP?

R. Antes de hacer nada lo estudiaremos todo detalladamente para que no se pueda impugnar esta iniciativa. No dejaremos de hacerlo por miedo a ir al Tribunal Constitucional.

P. Cuando la izquierda estaba en la oposición consideraba que el Departamento de Bienestar y Familia se había convertido en una simple repartidora de ayudas insuficientes y que se había inhibido en las grandes políticas para crear más centros para atender a los mayores y a los discapacitados.

R. Este departamento no ha tenido unos objetivos claros y ha tenido falta de planificación. El anterior equipo se centró en dar prestaciones y ayudas, pero no se preocupó de dotar el territorio de una dotación homogénea de servicios e infraestructuras.

P. ¿Se pueden mantener las ayudas y construir, al mismo tiempo, residencias geriátricas, centros de día y guarderías?

R. Tenemos que hallar la fórmula para hacerlo. Esto significa una mayor partida presupuestaria, seguro, pero también una reorganización económica del departamento y una reducción del gasto en publicidad.

P. ¿Crearán más residencias y centros de día públicos o seguirán con la estrategia de concertar plazas privadas?

R. Apostaremos por garantizar el acceso a las residencias públicas, pero también somos conscientes de que los servicios de carácter privado también deben estar presentes en el mercado y vamos a contar con ellos.

P. Iniciativa per Catalunya impuso, para entrar en el Gobierno, poner en marcha un ambicioso plan contra la pobreza. ¿Cómo se concretará?

R. Hay que ser realistas, pero también muy ambiciosos. De momento hay que crear un comité de expertos que redacte un plan con medidas concretas y un plazo de tiempo para llevarlo a cabo. Trabajaremos a fondo.