El Ayuntamiento de Granada cede la gestión del urbanismo a una agencia externa al pleno municipal

El pleno del Ayuntamiento de Granada acordó ayer con la mayoría absoluta del PP crear la gerencia de urbanismo, una agencia externa al pleno municipal para agilizar los trámites urbanísticos. La votación contó con la abstención del grupo socialista. El PP alegó que la gestión del urbanismo necesita agilización para evitar retrasos debido a trabas burocráticas.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Juan Montabes, defendió su voto porque la comisión ejecutiva de la gerencia, no tendrá representación de la oposición. "En principio la idea de una gerencia nos parecía bien, pero no cuando vimos que el órgano que en la práctica tendrá todo el poder sólo tendrá representación del PP", explicó Montabes tras el pleno.

El pleno acordó también ordenar la retirada de la publicidad que un club de alterne de la capital granadina ha insertado en los autobuses urbanos. Para ello, y sin mencionar expresamente la publicidad del local, el pleno aprobó la retirada de la publicidad sexista de los soportes publicitarios de los que este Consistorio "sea directa o indirectamente responsable" y excluir de "cualquier concurso, contrato de compra, servicios o abastecimiento" a aquellas empresas que hayan sido denunciadas por el Instituto Andaluz de la Mujer por practicar de forma constrastada la publicidad sexista.

Esta moción ha sido presentada conjuntamente por los tres grupos municipales (PP, PSOE e IU). Con la moción aprobada ayer, el Ayuntamiento acuerda la solicitud al Instituto de la Mujer de un listado de las principales empresas y marcas denunciadas por practicar publicidad sexista.

La polémica viene motivada a raíz del anuncio de un conocido club de alterne en las líneas 6 y 33 de los autobuses urbanos de la empresa Rober, lo que denunció el grupo municipal de IU, calificando esta situación como "inadmisible". Según declaraciones del portavoz de IU, Manuel Morales, "hacer publicidad de la prostitución en un trasporte público supone la violación de los derechos de muchas mujeres que ejercen esta actividad".

En la moción aprobada se planteó también "la necesidad de poner en marcha medidas que desde las organizaciones administrativas amparen los derechos y libertades de las mujeres, que como en este caso, se vean sometidas a discriminaciones y condiciones de marginación".