El PP cierra filas en torno al presidente de la Diputación

El portavoz del Gobierno y presidente del PP en la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, se mostró ayer convencido de la "honorabilidad" del comportamiento Carlos Fabra. Tras el Consejo de Ministros, Zaplana añadió que los datos facilitados por el Ministerio de Agricultura muestran "con rotundidad" que la mercantil del empresario que se ha querellado contra Fabra "no ha recibido ningún trato diferenciado" respecto al resto de las firmas de su mismo sector. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, señaló que el presidente de la Diputación de Castellón "tiene todo el respaldo personal y político mío, del Gobierno y de todo el PP de la Comunidad y de toda España". Camps indicó que Vilar "tendrá que dar cuentas en los tribunales de las cosas que ha estado diciendo" y recalcó que Carlos Fabra "tiene una de las hojas de servicio" en favor de los ciudadanos "más apasionantes y más brillantes de la historia de la política de Castellón". El portavoz del Consell, Alejandro Font de Mora, se expresó en términos similares al ser interpelado sobre si le parecía ético que el presidente de la Diputación de Castellón administre una sociedad dedicada al asesoramiento de empresas.

Mientras, el responsable de estrategia electoral del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, consideró que Fabra debería dar de inmediato explicaciones "convincentes" sobre las acusaciones. Lo mismo pidió el portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Diputación de Castellón, Juli Domingo, quien anunció que si Fabra es imputado, el PSPV pedirá que abandone la presidencia de la Corporación. Por su parte, el diputado socialista por Castellón Mario Edo manifestó que "sería conveniente que las empresas que también han pasado cuotas a la empresa de Fabra denuncien la extorsión antes de que la justicia lo haga patente, pues esto es importante para regenerar la vida política". Mientras, el portavoz adjunto del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, Antoni Such, pidió al presidente de la Generalitat que "dé la cara y diga lo que opina sobre el caso Fabra", ya que si no lo hace "será cómplice necesario de una trama por todos conocida en la provincia de Castellón".

Preocupación de COAG

Por su parte, el sindicato agrario COAG, tras tener conocimiento de las querellas presentadas por el empresario agrario Vicente Vilar, se mostró "alarmado" por la utilización de determinados productos fitosanitarios en la agricultura y el "presunto tráfico de influencias" que se ha producido para autorizar este uso, según un comunicado de este colectivo de organizaciones agrarias y ganaderas. COAG recuerda que en las querellas se acusa a Fabra de "cobrar cantidades millonarias a cambio de allanar las dificultades en los ministerios para poder comercializar sus fitosanitarios".