El PSOE promete juicios en menos de dos años
El programa electoral socialista propone que los fiscales se hagan cargo de las investigaciones en lugar de los jueces, crear 1.000 plazas e instaurar seis horas anuales de asistencia jurídica gratuita a ciudadanos con escasos recursos
El programa electoral del PSOE en materia de justicia plantea como compromiso básico la garantía de que ningún nuevo proceso ante un tribunal se prolongue más de dos años desde su inicio hasta que haya resolución judicial. Y se compromete a garantizar este plazo antes de finalizar la próxima legislatura. Para lograrlo plantea aprobar los "medios económicos y procesales" para que los ciudadanos "vean resuelta su causa sin dilaciones". El PSOE promete incrementar las partidas de justicia hasta alcanzar el 2% del presupuesto de gastos del Estado, el doble que en la actualidad. El primer año aumentará el presupuesto en 180 millones de euros. Con esta política de gasto pretende crear en cuatro años 1.000 nuevas plazas de jueces (ahora hay 4.200) y fiscales (1.600).
El PSOE ha hecho de la reforma judicial uno de los ejes de su programa electoral porque en España la Justicia es "lenta, cara, poco transparente y, por ello, no igualitaria". Las medidas más importantes que propone el PSOE son las que siguen:
- El fiscal dirige la investigación. El PSOE propone que el fiscal sea el encargado de la investigación mientras que para el juez, que la lleva actualmente, reserva el trabajo de garantizar la realización de las pruebas y los derechos de los implicados. Con ello, los socialistas pretenden "redundar en criterios de investigación objetivos, colectivos y homogéneos". Ello obligará a dotar de más y mejores medios al Ministerio Fiscal y a reorganizar su plantilla que tendrá su representación permanente en las sedes de los juzgados de instrucción. También obligará a reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
"Si ha de haber un juez en la investigación de los delitos, ha de ser para controlarla, para limitar sus potenciales excesos y para reducir a lo imprescindible la afección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. El juez investigador ha de dar paso a un juez que controle al investigador", justifica el PSOE. "La policía judicial dependerá, en consecuencia, del Ministerio Fiscal".
- Asistencia jurídica preventiva y gratuita. Los socialistas proponen que el Estado se haga cargo de la asistencia jurídica preventiva y gratuita en cuestiones civiles y administrativas. Eso significará que el Ministerio de Justicia establecerá los medios necesarios para garantizar a los ciudadanos con menos recursos económicos la posibilidad de asistencia jurídica gratuita seis horas al año.
- Abogado de oficio. El PSOE pretende modificar el actual sistema de designación de los abogados de oficio, en manos de los colegios profesionales, para que sea el ciudadano el que pueda elegir el letrado que le defienda.
- Justicia de proximidad o de primer nivel. El programa electoral plantea la creación de una justicia de primer nivel, cercana al ciudadano y vinculada a las ciudades, para que los litigios civiles y penales menos complejos sean enjuiciados por jueces profesionales de "manera pronta, sencilla y barata". Con esta iniciativa, los socialistas prevén que la justicia de proximidad resolverá no menos de un millón de casos judiciales en cada ejercicio. En los juzgados entran siete millones de casos al año.
- Jurado popular para los delitos de jueces y magistrados. El juicio por delitos y faltas cometidas por los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones será competencia del jurado. También se exigirá la responsabilidad de los jueces y funcionarios judiciales por retrasos injustificados, error judicial o mal funcionamiento de la Justicia.
- Acceso a través de Internet a la información del proceso judicial. Las partes y personas con interés legítimo en el proceso judicial accederán, a través de Internet, a los datos que permitan conocer el inicio, la fase en que se encuentra y las resoluciones del mismo así como el nombre del juez y el secretario y los demás referentes que sean precisos para atender los derechos de los interesados sin merma de los derechos de terceros.
- Atención al ciudadano. Establecimiento de un horario, de mañana y tarde, de atención al ciudadano, "suficiente para que no sufra esperas injustificadas", y un sistema de cita previa, con idéntica finalidad.
- El Gobierno no podrá prohibir ni impedir investigaciones concretas. No obstante, los socialistas precisan que el Gobierno tiene las facultades de dirigir la política criminal, en toda su amplitud, y que le permite dictar por escrito, a ese efecto, orientaciones al Fiscal General del Estado.
- Reforma en la regulación del Tribunal Constitucional. Los socialistas se comprometen a modificar la Ley Orgánica que regula el Tribunal Constitucional para que un menor número de magistrados pueda decidir sobre la sentencia en casos de amparo. Sólo la sala podría avocar ésta y nunca el pleno. Los procesos de amparo no podrán durar más de dos años.
- Abaratar los costes de registros y notariado. Los socialistas proponen reformar los registros y el notariado para hacerlos más accesibles, abaratar sus costes para la ciudadanía, garantizar la transparencia y la seguridad de la información sobre la propiedad a todos los efectos mercantiles y fiscales, facilitar el acceso a la misma por medio de Internet en tiempo real.
- Carta de derechos de los ciudadanos. Convertir en ley la Carta de derechos de los ciudadanos en la justicia para otorgar fuerza legal al derecho de los ciudadanos a que las sentencias sean comprensibles; a que los ciudadanos sean atendidos por el juez y el secretario judicial; a la protección a las víctimas del delito; de los menores, de los discapacitados y los inmigrantes y conocer por anticipado los costes judiciales.
El objetivo de la propuesta socialista, coordinada por un jurista independiente y por el diputado Diego López Garrido bajo la supervisión del portavoz socialista, Jesús Caldera, es lograr una Justicia "ágil, barata, responsable, igual y de calidad, cuyo objetivo son los ciudadanos y, muy especialmente, los más desfavorecidos".
Los socialistas denuncian "las mezquinas políticas de gasto público del PP" en materia de Justicia, lo que ha supuesto "un obstáculo objetivo para su mejora".
El próximo año, los presupuestos generales del Estado han previsto un gasto de 1.116 millones de euros para Justicia. "Sólo ha aumentado 59 millones de euros en los últimos cuatro años", denuncia el PSOE. "Debemos recordar que el Gobierno se comprometió a destinar una cantidad de 1.500 millones de euros adicionales para mejorar la Justicia (en torno a 180 millones de euros anuales). Como se ha visto, el Gobierno del PP no ha respetado el compromiso firmado en su día.
El PSOE promete subir 180 millones de euros al año los presupuestos de los próximos cuatro años si alcanza el Gobierno, que destinarán a aumentar las plazas judiciales a razón de 250 al año (1.000 en la legislatura) "hasta conseguir que la tasa de jueces por habitante se sitúe en la tasa europea, uno por cada 8.000 habitantes". En España hay actualmente 4.200 jueces y 1.600 fiscales.
El Poder Judicial, sometido al control del Parlamento
El PSOE propone que el presidente del Consejo General del Poder Judicial y sus vocales se sometan al control parlamentario pleno -preguntas y comparecencias- en cuanto desarrollan funciones ejecutivas de gobierno del Poder Judicial -no funciones juridisccionales-.
El programa socialista propone también la reforma de la carrera judicial con la pretensión de acercar progresivamente la carrera de jueces y fiscales, de modo que la Escuela Judicial sea única para ambos y su objetivo final es el trasvase directo de la carrera judicial a la fiscal a través del establecimiento de los mecanismos legales precisos. Se creará un sistema de becas para los candidatos a jueces y fiscales que tengan un buen expediente universitario.
La entrada en la carrera judicial se hará por concurso-oposición y por concurso. En el primer caso, a través de la Escuela Judicial, facilitando la entrada en ésta, pero fortaleciendo el carácter selectivo de los cursos. Su pretensión es "evitar la situación actual en la que la estancia de la escuela no es eficaz ni suficientemente instructiva ante la ausencia total de carácter selectivo".
Propone también el acceso a la carrera judicial a través de la justicia de primer nivel y se servirá por jueces nombrados por el Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de las salas de gobierno de los Tribunales Superiores, por concurso, entre juristas de méritos suficientes. Este turno sustituirá al llamado tercer turno actual. El acceso al cuarto turno será por especialidades.
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