Imputadas por delitos urbanísticos 46 personas en la provincia de Cádiz

El servicio de Medio Ambiente de la Fiscalía de Cádiz ha imputado a un total de 46 personas de varios delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio por auspiciar construcciones ilegales en varias poblaciones de la provincia gaditana. Se trata de una actuación conjunta entre el Ministerio Público con las consejerías de Obras Públicas y de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Policía autonómica para perseguir las infracciones urbanísticas que se producen en la provincia.

La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, valoró ayer en Puerto Real los resultados de este novedoso programa de actuación. "Se están viendo ya los primeros efectos positivos de esta colaboración institucional desde la creación de la Fiscalía especial sobre delitos urbanísticos", subrayó Coves.

La Fiscalía gaditana y el Gobierno andaluz han fomentado en los últimos meses la figura de la policía urbanística, que coordina el servicio fiscal de Medio Ambiente que dirige Ángel Núñez, y se ha intensificado el intercambio de información entre ambos organismos para agilizar las intervenciones. En la última actuación, según informó ayer Diario de Cádiz, los fiscales gaditanos han instruido 34 atestados en los que han resultado imputadas 46 personas. Son fundamentalmente promotores inmobiliarios, constructores o técnicos municipales o privados que han promovido actuaciones urbanísticas sin licencia de obra o sobre suelo protegido.

La mayoría de las actuaciones se han desarrollado en los municipios costeros del Campo de Gibraltar -especialmente en Algeciras y Tarifa-, en la costa noroeste de la provincia gaditana, como Chipiona, Rota y Sanlúcar de Barrameda, además de en Chiclana, que es donde se localizan el mayor número de infracciones urbanísticas y operaciones especulativas con más de cinco mil viviendas ilegales. Asimismo, Jerez es el municipio de interior donde más denuncias se han tramitado.

La nueva ley de ordenación urbanística obliga paralizar las obras de construcción de aquellas viviendas denunciadas y la obligación de las administraciones afectadas a comunicar a la Fiscalía los expedientes sancionadores tramitados en caso de delito. Según Fuensanta Coves, estamos ante "la culminación de esa actuación que ejecuta la Fiscalía que ya directamente llega a denunciar las construcciones ilegales que son detectadas, sobre todo, en las zonas de litoral". "Éste es el camino a seguir. La colaboración persigue evitar que la construcción ilegal no se convierta en un hábito en esta comunidad", dijo.