Un juez de Sevilla interroga a becarios que sufrieron una estafa en sus retribuciones

El juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla reanudará mañana martes la declaración de varios licenciados becados en relación con un supuesto delito de malversación de caudales públicos, estafa y apropiación en el que hubiera podido incurrir un profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla (US). La investigación del caso, que surgió a raíz de la querella criminal presentada por una licenciada en Derecho contra el profesor M.P.P. por haberse apropiado del importe de una beca de investigación concedida por la Unión Europea, ha retrasado su comienzo debido a un defecto formal en la citación de los imputados.

Según informó el abogado de la denunciante, José Alberto Monsalvete, además del principal imputado, deberán declarar la secretaría de la Oficina de Gestión de investigación (Siogi) de la Universidad, así como la representación de la propia Hispalense, habiendo sido solicitada la declaración del rector, Miguel Florencio, ya que la querella está interpuesta también "contra aquellos que pudieran resultar responsables de los delitos imputados en calidad de encubridores". La propia Hispalense abrió un expediente a este profesor, sumándose a la denuncia presentada por esta becaria, que reclama la devolución de 10.852,80 euros percibidos de menos y una indemnización de 46.598,40 euros por los daños y perjuicios morales ocasionados.

El juzgado ha llamado a declarar también a otros nueve estudiantes y licenciados becados, que acudirán a la sede judicial en calidad de perjudicados y a los que la Fiscalía ha citado de oficio. M.P.P. habría pagado 300 euros mensuales a la becaria cuando en realidad, tras detectarse el "engaño", la cantidad que debería cobrar ascendía a 1.581,60 euros al mes por las labores de investigación, según refleja la denuncia. Según señala, el profesor dijo a la becaria que el sueldo debía abonarse en una cuenta conjunta porque, según le explicó, así lo exigía la beca, si bien, tras consultar con un empleado del Siogi, la cuenta donde se realizaría la transferencia iba en contra de la resolución ya que estaba "prohibido" que los profesores tuvieran acceso al dinero.

Con el aporte de varios documentos bancarios, la querella indica que los reintegros de la cuenta solamente los había realizado M.P.P., que se "apoderaba" del dinero sacando diariamente 600 euros, cantidad máxima que permiten los cajeros, "hasta agotar los fondos traspasados por la Universidad, que trasnfirió a la cuenta 11.514,05 euros por los ocho meses de beca, entre junio de 2002 y enero de 2003".