Desafío catalán

El programa de Gobierno firmado por los socialistas, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya-Els Verds, que permitirá a Pasqual Maragall obtener la investidura como presidente de la Generalitat catalana, ha desencadenado un vendaval de críticas a las pocas horas de darse a conocer. El conseller en cap del Gobierno saliente, Artur Mas, ha indicado que le parecen demasiado amplios los plazos fijados para la reforma del Estatuto (un año y medio), y considera que debe hacerse en seis meses, a pesar de que su partido no quiso abrir este melón en 23 años.

El portavoz del Gobierno de España, Eduardo Zaplana, ha ido más lejos en sus críticas -considera que el programa "es inconstitucional"- y ha utilizado la conferencia de prensa destinada a comunicar las resoluciones del Consejo de Ministros para arremeter contra los socialistas por haber firmado un acuerdo que ha calificado de "disparate" y atentatorio contra la idea de España. Zaplana ha rodeado sus declaraciones de solemnidad y ha expresado la "altísima preocupación" y el "desasosiego" del Ejecutivo central, insinuando incluso que Maragall podría ir a la cárcel de prosperar su proyecto de consulta sobre el proyecto de Estatuto.

El tripartito de izquierdas está ya en la diana antes de iniciar su mandato. La firma de un contrato transparente y minucioso entre los tres partidos, que compromete a los futuros gobernantes ante sus electores, constituye una novedad que debe ser bienvenida desde el punto de vista democrático. Pero no va a contar con los cien días de gracia. Ni siquiera se ha esperado a escuchar las explicaciones de Maragall en el debate de investidura. La nueva oposición, dirigida por Artur Mas y Josep Piqué, ya ha empezado a atacar al tripartito antes de constituirse, algo que no deja de ser lógico en las actuales circunstancias. No lo es tanto, y eso sí suscita "altísima preocupación" y "desasosiego", la utilización partidista del Gobierno de la nación y de su portavoz para atacar prematuramente un acuerdo ni siquiera presentado en sociedad. El PP no desaprovecha oportunidad para ampliar sus descalificaciones por supuesta inconstitucionalidad y su lista de sospechosos de poner en peligro lo más sagrado de España.

Es cierto que Maragall y Carod deberán aclarar algunas de las preocupaciones que suscita la lectura del texto del pacto. Es muy necesario que se preserve la igualdad básica de los ciudadanos españoles, que la solidaridad interterritorial sea algo más que un mero enunciado constitucional y que, por supuesto, se respete escrupulosamente la legalidad al emprender las reformas. Un punto del acuerdo, utilizado como un proyectil por Zaplana, es de redacción confusa y no debe extrañar que se interprete, en el sentido del plan Ibarretxe, como una amenaza de convocatoria de un referéndum ilegal para el caso de que la propuesta de Estatuto catalán no sea aprobada en las Cortes. Aunque el PSC ha aclarado que descarta totalmente esta vía, el PP ya ha empezado a utilizarla para fustigar a Zapatero con vistas a las elecciones generales.

Es una cuestión que debe ser aclarada sin ambigüedades. Una vez salvado este escollo, habrá que analizar con más detalle la reforma estatutaria y del sistema de financiación autonómica. Pero en paralelo a los compromisos asumidos para desarrollar un programa de profundización del "catalanismo", el programa desarrolla un amplio catálogo de medidas económicas y sociales que constituyen todo un desafío político al inmovilismo del PP y a sus instintos más conservadores. No será fácil gestionar la coalición de gobierno que encabeza Maragall, pero puede constituir una oportunidad para consolidar y profundizar el espíritu que alumbró la Constitución hace 25 años.