Sindicatos de educación exigen más prevención de riesgos laborales

La Junta de Personal Docente no Universitario de Castellón, formada por los sindicatos STE, ANPE, FETE-UGT, CCOO y USO, aprobó en su última reunión exigir a la Consejería de Educación la puesta en marcha del servicio de prevención de riesgos laborales. Las centrales sindicales aseguran que la consejería mantiene una situación de ilegalidad porque vulnera varios artículos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, del reglamento del servició de prevención y el decreto autonómico que adapta estas disposiciones legales en el ámbito valenciano.

Esta situación supone, según los sindicatos denunciantes, la desprotección de más de 45.000 docentes ante la inexistencia de una evaluación de riesgos en el conjunto de los centros educativos y la falta de vigilancia de las causas que provocan las enfermedades. La Junta de Personal no Docente de Castellón afirma que esta situación es insostenible y subraya que, pese a estar dotadas la plazas para cubrir 53 puestos de trabajo (45 vinculados a la prevención y 8 a la administración) tan sólo se han cubierto 3 plazas.

Denuncias

Como consecuencia de las anteriores denuncias, las centrales sindicales reclaman la creación y correspondiente dotación presupuestaria para el próximo año del conjunto de puestos de trabajo de los servicios de prevención, así como su inclusión en la oferta pública que se encuentra pendiente desde 2001, de tal manera que puedan cubrirse mediante las oposiciones correspondientes en un futuro próximo.

Igualmente, solicitan la convocatoria de las bolsas de ocupación temporal de acuerdo con la orden del 30 de enero de 2002 de la Consejería de Justicía y Administración Pública. Y la definición "urgente" del mapa de riesgos laborales y las medidas adecuadas de prevención, para salvaguardar su posible responsabilidad penal.

Por otra parte, las centrales sindicales que conforman la Junta de Personal Docente no Universitario de Castellón recuerdan que desde hace unos dos años la Administración, a través de los servicios territoriales cuya presidencia ostenta, no ha convocado el comité provincial de prevención y salud laboral. Un hecho que, en su opinión, provoca que denuncias de situaciones lamentables, como la formulada por el colegio público de Alquerías del Niño Perdido, caigan en saco roto. Situaciones que antes se evitaban gracias a las inspecciones que realizaba el Gabinete de Trabajo y que en la actualidad se niega a llevar a cabo porque alega -con razón, afirman- que Educación cuenta con su propio comité. El problema, concluyen, es que no se ha constituido.