La Constitución apropiada

El 6 de diciembre de 1978 cerca de dieciocho millones de ciudadanos y ciudadanas participaron en el primer referéndum vinculante de la historia constitucional española, un acto de democracia directa que dio como resultado la aprobación del texto que ha servido como norma suprema del ordenamiento jurídico del Estado español durante 25 años. Esta consulta a la ciudadanía, máxima expresión del poder constituyente popular, ha de conmemorarse y, ahora más que nunca, utilizarse como referente de respeto a las libertades civiles y políticas, que tan denostadas se vieron durante la dictadura y que por fin, tras largos años de lucha, se consagraron en el texto constitucional que hoy cumple un cuarto de siglo.

La Constitución Española ha venido significando, a lo largo de estos años, un símbolo de unidad y un marco de convivencia encuadrada en los derechos fundamentales y las libertades públicas que el texto reconoce. Así mismo, la estructura territorial regulada en el Título VIII de la norma, ha marcado el camino recorrido por las nacionalidades que conforman el Estado.

La actualidad política más reciente, la propuesta de Nuevo Estatuto para Euskadi o los resultados de las elecciones autonómicas de Cataluña, ha puesto de manifiesto, sin lugar a dudas, que el consenso y la simbología inicial del texto han perdido peso político y social. Una pérdida que no es imputable, tal y como pretende el Partido Popular, a las voces que propugnamos la reforma de una norma que prevé, como no podía ser menos, su propio procedimiento de adecuación a los cambios que la sociedad demanda. Muy al contrario, el verdadero ataque a la Constitución lo realizan aquellos que utilizan el ordenamiento jurídico y las instituciones del Estado de manera interesada, en defensa de un modelo único y parapetados en una mayoría absoluta, poniendo en tela de juicio el principio de separación de poderes y contrariando los principios de pluralismo, respeto y posibilidad de reforma que inspiraron la norma.

Hoy en día es necesario considerar la Constitución como marco pero nunca como un freno o una prisión de la convivencia y de las transformaciones sociales. Toda norma jurídica, incluidas las normas constitucionales, ha de adecuarse a la realidad social que pretende regular puesto que, de lo contrario, devendría obsoleta y poco eficaz. Por ello, la sacralización del marco constitucional actual como algo inmutable no encuentra justificación sino en una voluntad de utilización política partidista de una norma pactada por todos y propiedad, si es que las normas jurídicas pueden apropiarse, del pueblo soberano que la aprobó en referéndum.

Una sacralización falsa y de doble rasero puesto que la verdadera traición a la Constitución se ha realizado a través de las políticas adoptadas por el gobierno del Partido Popular que ha desmantelado una cuestión tan básica y enraizada en la norma constitucional como es el Estado Social, consagrado en el artículo primero de la norma, a través de las privatizaciones de los servicios públicos, de la desregularización del mercado laboral o con la quiebra del principio de proporcionalidad fiscal.

El momento actual reclama más allá de una conmemoración del viejo consenso, una revisión de las posiciones, actuaciones y actitudes seguidas hasta la fecha por los gobernantes y los partidos políticos. Un rápido repaso nos revela la falta de coherencia de las posturas mantenidas para con la norma constitucional. Pongamos, por ejemplo, la participación del Estado español en la guerra de Irak sin la realización del preceptivo control parlamentario de las misiones en el exterior (armadas o no armadas), o la falta de transparencia y del gobierno en la gestión del hundimiento del Prestige o el lamentable espectáculo acaecido en la Asamblea de la Comunidad de Madrid que ha conllevado una vez más la puesta en entredicho de la ética y la honestidad de los dirigentes políticos de los dos partidos mayoritarios, o, la última y lamentable reforma del código penal para intervenir en el debate político

Llegados a este punto y siendo manifiestamente obvia la distancia entre las políticas del gobierno y los principios inspiradores de la norma constitucional (libertad, justicia, igualdad y pluralismo político), cabe preguntarse por qué se sigue considerando las propuestas de reforma constitucional como un ultraje a un texto de facto ultrajado.

La respuesta no puede ser otra que el miedo al cambio y a la pérdida de poder, un poder que, en realidad, pertenece a la ciudadanía en su conjunto y que, cada vez en mayor medida, está siendo reivindicado por la sociedad civil. Frente al inmovilismo y al atrincheramiento en las mayorías parlamentarias es necesaria una regeneración de modos y maneras de hacer y vivir la política, acompañado de un debate sereno acerca de las normas que organizan nuestra sociedad, cuyo protagonista fundamental ha de ser la sociedad civil.

La única vía de conmemorar realmente el consenso de hace 25 años es renovándolo, abriendo nuevas formas de participación y de organización ciudadana, fomentando el pluralismo, garantizando la convivencia democrática en un orden económico justo y en una estructura territorial adecuada a las demandas sociales y fomentando nuevas formas de democracia directa, lo cual no admite, sin lugar a dudas, la criminalización de una de sus formas por excelencia como es el referéndum.

Joan Ribó es portavoz del L'Entesa en las Cortes Valencianas