Sin miedo a la reforma

Tras veinticinco años de vigencia de la Constitución española, el saldo no puede ser más favorable. Nadie pondrá en duda que la Constitución de 1978 ha permitido un periodo de convivencia democrática y de amplias conquistas sociales sin precedentes en la historia de nuestro país.

Llama la atención, sin embargo, la peculiar forma que ha escogido el Partido Popular para celebrar esta efeméride: refugiarse en la primera mitad del artículo 2 de la Constitución para poner en marcha una potente maquinaria centrípeta que choca frontalmente contra el espíritu de la carta magna.

"La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles...". Leído hasta aquí el artículo 2 es el cobijo perfecto para los delirios españolistas de un partido que ya demostró su alergia a las autonomías con su voto negativo al Titulo VIII de la Constitución y su posición contraria a la plena autonomía andaluza defendida en el referéndum del 28-F. El problema es que se hace una lectura parcial, porque el artículo 2 continúa "... y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".

La Constitución española vino a dar respuestas, desde el consenso y la renuncia, a problemas seculares como la cuestión religiosa, la militar, o la disquisición entre monarquía y república, y desde luego la organización territorial quedó saldada por el Título VIII y la apuesta por el Estado de las Autonomías.

Desde Andalucía, podemos celebrar a todas luces este 25º aniversario desde la plena identificación con el Título VIII, porque si la Constitución ha sido beneficiosa para el conjunto de los españoles, los cambios que a través del autogobierno y el Estatuto de Andalucía se han operado en nuestra tierra han sido enormes y vertiginosos hasta el punto de que hemos dejado de ser una sociedad subdesarrollada y hoy Andalucía es una comunidad que comparte los problemas y las expectativas del conjunto de sociedades avanzadas que nos rodean.

En este escenario de progreso imparable hasta la fecha, la alergia autonómica del PP podría ser un litigio ideológico personal del Sr. Aznar, del Sr. Rajoy o de la propia Sra. Martínez si no fuera porque de vez en cuando se les va la mano y deciden imponer a los demás sus propios puntos de vista sin más razón legal que la de una mayoría absolutamente conservadora en el Congreso.

La semana pasada asistíamos en Andalucía a un despliegue de la fuerza centrípeta -y bastante retro- del Gobierno central. En tan sólo tres días, el Ejecutivo de España anunciaba actuaciones judiciales y legislativas contra tres decisiones del autogobierno andaluz: la de posibilitar la investigación de células madre, la de complementar las pensiones más bajas del sistema o la de establecer una fiscalidad ambiental para las grandes corporaciones industriales que más contaminan en Andalucía. Tres iniciativas socialdemócratas, es verdad, y nada de derechas. Pero resulta que en Andalucía las elecciones las hemos ganado los socialistas, y tenemos el derecho y la obligación de desarrollar nuestras políticas de vanguardia social o económica, las que demanda el pueblo andaluz, le gusten o no al PP, siempre y cuando respeten el marco estatutario.

De entre todas las maneras que tenía para celebrar la Constitución, el PP ha escogido la peor: atrincherarse en la indivisible unidad de España -su párrafo favorito- y desde ella boicotear todo lo que huele a progresista, a socialista, a autogobierno...

Nosotros preferimos celebrar el aniversario apostando por el edificio común de la Constitución y dispuestos a invertir energía política y capacidad de diálogo en su mejora y modernización. Para eso desde el PSOE proponemos una serie de reformas al conjunto de las fuerzas políticas que nos parecen enteramente razonables.

¿Puede alguien oponerse a que la palabra Andalucía figure escrita en la Constitución junto al del resto de comunidades que ya han definido plenamente el mapa autonómico español?

¿Puede alguien cuestionar que, tras el primer momento de creación autonómica, ahora toca avanzar en cooperación y colaboración entre comunidades, para lo que resulta imprescindible disponer de una verdadera Cámara territorial como puede serlo el Senado? ¿Puede alguien discutir que la Constitución europea a punto de aprobarse deba tener su reflejo en la española?

¿Acaso alguna fuerza política se negará a que las mujeres puedan ejercer la jefatura del Estado en condiciones de igualdad?

La Constitución española puede y debe mejorarse. De hecho su conservación inalterable, su exposición en una vitrina, lejos de ser un síntoma de salud constitucional, terminará derivando en una patología. Todas las grandes constituciones europeas han experimentado decenas de modificaciones y todas ellas sostienen democracias envidiables. De hecho, no hay mayor vitalidad democrática que la capacidad para generar nuevos consensos en torno a nuevos debates constitucionales.

Y lo mismo podemos decir de la norma andaluza de mayor rango. Cuando Manuel Chaves propone abordar la revisión del Estatuto de Autonomía, no lo hace para sacar un conejo de la chistera ni para provocar incomodidades en otras fuerzas políticas. Lo hace para fijar la atención sobre la necesidad de que una herramienta que ha sido tremendamente útil para los andaluces en los últimos veinte años garantice su vigencia y su plena adaptación a los nuevos retos sociales y económicos a los que se enfrenta Andalucía en este comienzo de siglo.

Los andaluces vivimos sin dramatismo nuestra doble ciudadanía española y andaluza, y aspiramos a potenciar nuestra ciudadanía europea. Nos sentimos parte de un proyecto que comparte el resto de los españoles y españolas: el de la España plural y constitucional. En este debate podemos dar ejemplo de sensatez, de moderación y de innovación dentro del marco de nuestro primer texto legal.

La Constitución es de todos, de la izquierda y de la derecha, de los que la votaron y de los que no la votaron, de los andaluces y de los vascos, ésa es su grandeza. La haremos más grande cuanto mayor sea nuestra capacidad para rebajar tensiones sociales, políticas o territoriales. Y la haremos mejor cuanto más se parezca y refleje las aspiraciones de los ciudadanos y ciudadanas cuyas vidas ordena.

Mar Moreno es vicesecretaria general del PSOE de Andalucía.