Pagar y opinar

Los contribuyentes españoles vamos a tener que pagar los 6.200 millones de euros de deuda acumulados por RTVE, un organismo que, particularmente en su rama televisiva, se caracteriza por el sectarismo progubernamental en los informativos y una programación de baja o mala calidad que compite con las televisiones privadas a menudo de forma desleal. A tenor de un plan que ultima el Gobierno, esa deuda será asumida por el Estado, es decir, por todos los españoles. Quizá sea éste el único modo de poner el contador a cero, pero, puesto que vamos a pagar, deberíamos tener la oportunidad de opinar sobre RTVE. Sobre su presente -contrario al principio constitucional de que los medios de comunicación públicos deben expresar el pluralismo de la sociedad- y sobre su futuro.

En el aire están ideas que tendrían que ser discutidas por todas las fuerzas parlamentarias, en búsqueda de un pacto de Estado que sustituya el actual Estatuto de RTVE, que ya tiene más de veinte años y, sobre todo, es anterior al nacimiento de las televisiones privadas. Por ejemplo, la posibilidad de privatizar uno de los dos canales de Televisión Española y dejar el otro como un verdadero servicio público; la creación de un nuevo modelo de dirección general y consejo de administración de RTVE formados por profesionales independientes y la búsqueda de una financiación que no sea ventajista frente a los medios privados, a través de un canon o de financiación directa por los Presupuestos Generales del Estado. Lo insostenible es la situación actual: una televisión gubernamental, que no pública, que es subvencionada en parte por los contribuyentes y que, por otro lado, compite en la lucha por la audiencia y los ingresos por publicidad con las privadas.

Desde los años noventa, con el fin del monopolio de la radiotelevisión estatal, el Ente ha utilizado la vía del endeudamiento como una fórmula cómoda de financiación, al lado de las subvenciones públicas y los ingresos publicitarios. La deuda ha adquirido un tamaño descomunal, y muy en particular bajo el Gobierno del PP. Aznar heredó del PSOE una deuda de unos 1.500 millones de euros, y ésta es ahora más de cuatro veces superior, situándose en 6.200 millones. Sólo en intereses, RTVE pagará el próximo año 256 millones de euros. Esto no es únicamente contradictorio con el rigor de las cuentas del que se pavonea el PP, sino también con los criterios de la UE. Según el comisario de la Competencia, Mario Monti, los avales ilimitados a las televisiones públicas -fórmula usada hasta ahora para afrontar la deuda de RTVE- son ilegales. Estos avales garantizan su solvencia frente a los acreedores y le evitan la quiebra, pero son contrarios a la libre competencia.

Una televisión estatal debe definirse por su carácter de servicio público, por el pluralismo de sus informativos y una independencia efectiva frente al Gobierno, la calidad de sus contenidos y su viabilidad económica a través del rigor en el gasto y una financiación acorde con las leyes de competencia. Para conseguirlo en España se precisa un pacto de Estado. Y el único modo de conseguirlo es antes de las elecciones.