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"No tengo miedo de ir a la cárcel"

El español Pablo Soto crea una red de intercambio que utilizan seis millones de usuarios

Patricia Fernández de Lis

Pablo Soto tiene en su salón tres ordenadores y una batería, señales evidentes de su doble faceta de músico y programador. Este madrileño de 24 años maneja desde su casa un imperio mundial llamado Manolito P2P Network (M2P2P): unos seis millones de personas usan la red creada por Soto para intercambiar música, a través de alguna de sus web (Blubster.com, Piolet.com). Con Manolito, este joven se ha convertido en una de las personalidades de las redes de intercambio de archivos entre usuarios (conocidas como P2P o peer to peer). Soto, que se autodefine como "inquieto y ambicioso", es también el único español que forma parte de P2P United, un lobby que trata de convencer al Congreso estadounidense, y a la opinión pública, de la legalidad y utilidad del P2P.

Un artículo de la revista electrónica 'Slyck' le sitúa entre las cinco personas que se han hecho millonarias con los P2P
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La muerte de Napster marca el nacimiento de Blubster. Soto, que entonces vivía en casa de su madre, con sus siete hermanos, fue uno de los primeros 300 usuarios de los 70 millones que llegó a tener Napster. Así que, cuando cerraron la web, decidió montar la suya. Al principio sólo se trataba de un juego: llamó a su sistema de intercambio MP3bytheface ("mp3 por la cara"). Cuando el proyecto comenzó a crecer, adoptó el nombre de Blubster. Un artículo de la revista Slyck, la más reconocida del mundo P2P, coloca a Soto entre las cinco personas que se han hecho millonarias con el P2P.

El joven trata de explicar que lo que hace no es ilegal. La red de Manolito funciona sin un servidor central, es decir, los usuarios intercambian música gracias a un programa desarrollado por él, pero no a través de él. Éste es el motivo por el que la asociación de discográficas estadounidense (RIAA) está demandando a los usuarios. La RIAA considera que la actividad de las redes P2P es, cuando menos, inmoral, ya que facilitan la comisión de un delito de violación del copyright.

"Yo soy sólo un tipo que ha desarrollado un software y que está intentando rentabilizarlo", explica Soto. "No tengo miedo de que me metan en la cárcel. El problema es otro

". Según él, el enfrentamiento entre las discográficas y las empresas de P2P no beneficia a nadie: las primeras pierden dinero, mientras las segundas deben gastarlo en abogados. Además, los usuarios tienen miedo de bajarse música y el capital riesgo teme invertir. "Un área de negocio fértil se está desperdiciando", dice Soto, que calcula que la industria mueve 250 millones de dólares.

El joven acaba de contratar a Wayne Rosso, presidente de su rival Grokster, para que gestione sus empresas mientras él se dedica a programar. Sale de su salón para dar algún curso, o para viajar a Washington y reunirse con sus compañeros de P2P United.

El objetivo del lobby es contrarrestar el poder del propio lobby de la RIAA, y acabar con las demandas a consumidores. "Queremos", explica, "que cambien las leyes que permiten a las entidades que gestionan los derechos acosarnos, a nosotros y a nuestros usuarios". Soto reconoce que la táctica de la RIAA ha dado resultado, porque "ha conseguido meter miedo", pero cree que la historia le dará la razón, como a la radio o al VHS. Piensa, en cambio, que no será benevolente con las discográficas por demandar a sus consumidores. "La historia no lo entenderá", dice.

Contra la descarga gratuita

La estrategia inicial era conseguir que los jueces cerraran los sitios de intercambio gratuito de música. Pero el triunfo en los tribunales de Grokster y Morpheus provocó que la RIAA girara la mirada hacia los consumidores.

Al menos 500 personas han sido denunciadas en Estados Unidos por intercambiar música sujeta a derechos de autor por Internet, entre ellas una niña de 12 años, a la que la RIAA reclama 2.000 dólares. Un abogado español aseguró durante un tiempo que iba a presentar una demanda contra miles de españoles, pero no lo hizo. En todo caso, las amenazas parecen dar resultado, ya que el ritmo de descargas en los sitios P2P está disminuyendo.

El problema es complejo, y no sólo afecta a los usuarios. Los jueces consiguen los datos de los internautas reclamándolos a proveedores de acceso y a universidades. Nadie conoce el efecto final de estas estrategias. Richard Shell, profesor de Derecho en Wharton, asegura en un artículo: "Los tribunales pueden retrasar las innovaciones tecnológicas, pero no pueden detenerlas".

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Sobre la firma

Patricia Fernández de Lis
Es redactora jefa de 'Materia', la sección de Ciencia de EL PAÍS, de Tecnología y de Salud. Trabajó diez años como redactora de economía y tecnología en EL PAÍS antes de fundar el diario 'Público' y, en 2012, creó la web de noticias de ciencia 'Materia'. Los fines de semana colabora con RNE y escribe, cuando puede, de ciencia y tecnología.

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