El Gobierno de Aragón inicia una ofensiva legal contra el trasvase

El Gobierno de Aragón decidió ayer, en una reunión extraordinaria, la adopción de una ofensiva legal en todos los frentes contra el trasvase del Ebro. El Ejecutivo del socialista Marcelino Iglesias decidió presentar recurso contencioso-administrativo contra el proyecto de trasvase y su declaración de impacto ambiental, así como contra dos licitaciones de obra. Asimismo, emulando a Castilla-La Mancha, cuando su presidente, José Bono, se enfrentó al Gobierno de Madrid por el trazado de la autovía de Madrid a Valencia, el Gobierno aragonés ha ordenado la protección ambiental de los dos grandes embalses que regularán el trasvase y que hasta ahora tenían uso hidroeléctrico.

Según el Ejecutivo aragonés, los parajes semidesérticos que envuelven a estos embalses poseen "una valiosa riqueza medioambiental, donde se conjugan los valores ecológicos únicos de los Monegros". Esta riqueza ambiental reúne 4.500 especies de flora y fauna, entre ellas la almeja Margaritifera auricularia, el pez fraile, el galápago europeo y rapaces como el águila perdicera.

Algunas de estas zonas ya forman parte de la red Natura 2000 en varios parajes de la desembocadura del río Cinca, la totalidad del embalse de Ribarroja y la desembocadura del río Matarraña, en la margen derecha del embalse de Mequinenza. También se declara paisaje protegido el Mar de Aragón en los municipios de Escatrón, Sástago, Caspe, Chiprana, Fayón y Mequinenza en la provincia de Zaragoza, y de Fraga en Huesca.

El Ejecutivo ha encargado al departamento de Medio Ambiente un anteproyecto de Ley de Protección de Masas de Aguas Superficiales en Aragón. El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, sostiene que estas figuras de protección "no dificultan el trasvase, lo impiden". Lo que pretende con ello su Gobierno es fijar los niveles máximos y mínimos del agua embalsada para asegurar su función ecológica.

Cascada de recursos

El Ejecutivo aragonés remitirá una proposición de Ley a la Mesa del Congreso para modificar la Ley de Aguas y que se otorgue a las autonomías voz y voto en las juntas de explotación de los embalses que se encuentren ubicados en su territorio.

Por otra parte, se ponen en marcha acciones judiciales contra todos los actos adoptados por el Gobierno de Madrid y el Parlamento nacional sobre las transferencias de agua autorizadas por el Plan Hidrológico Nacional, la Declaración de Impacto Ambiental del trasvase publicada en el BOE del pasado 1 de noviembre, la aprobación del expediente de información pública y del proyecto de transferencias aparecido en el mismo diario oficial el pasado día 20 y la impugnación de las dos primeras licitaciones de obras del trasvase en Murcia y Almería, publicadas el día 26.