La oposición denuncia un incremento de casi un 30% en el coste final de las obras del túnel de María de Molina

PSOE e IU denunciaron ayer, durante el pleno ordinario del Ayuntamiento, que la liquidación de las obras de construcción del nuevo túnel de María de Molina por un importe superior a siete millones de euros supone un nuevo incremento del 10% sobre el precio de adjudicación de la obra. Pedro Santín, edil del PSOE, aseguró que "una liquidación sobre 55 millones supone un incremento en el precio final de la obra de casi un 30%, en concreto de un 28,7% más", y criticó que las ampliaciones de presupuesto para las grandes obras se están convirtiendo en "una práctica habitual en este Ayuntamiento".

Ya en enero pasado, la edil de Obras, Elena Utrilla, confirmó que el Ayuntamiento pagaría por el subterráneo 50.122.799 euros. El gobierno municipal adjudicó las obras a Ferrovial-Agroman-ACS en junio de 2001 por 38,9 millones de euros. Esta cifra se increméntó inmediatamente a 42 millones.

Para justificar aquel incremento, Fernando Catalá, jefe de obras, aseguró que "algunos tramos del túnel discurren a 30 metros de profundidad", y que a esa profundidad "es prácticamente imposible saber lo que ocurre en el terreno hasta que se está excavando". Catalá afirmó que los operarios encontraron bolsas de "aguas colgadas" y "que el terreno se venía encima".

El concejal de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, Pío García-Escudero, se limitó a defender "los beneficios" que ha tenido el nuevo túnel de María de Molina para los madrileños y explicó que actualmente utilizan el nuevo paso una media de 54.000 vehículos al día, mientras que antes la cifra no superaba los 28.000. García-Escudero aseguró que "todas las grandes obras tienen un incremento final en su coste, las promueva el partido del color que sea". Para el concejal, estos incrementos "son perfectamente legales" y responden al espíritu de la ley: "El legislador, cuando lo contempla, es perfectamente consciente de que esto puede ocurrir", afirmó, e instó a los grupos de la oposición a que pidan a sus partidos un cambio legal en el Congreso de los Diputados si no están de acuerdo con la legislación vigente.