Los tres condenados por el hundimiento de 'L'Oca' recurren la sentencia

Los dueños de la embarcación y un edil de Banyoles quieren evitar ir a la cárcel

La sentencia por el naufragio de la barca L'Oca, dictada hace unos 10 meses, no complació ni a los acusadores ni a los acusados. Las defensas de los tres procesados por el naufragio del catamarán turístico que hace cinco años originó la muerte de 21 jubilados franceses en el lago de Banyoles (Pla de l'Estany) buscan con los recursos que ayer defendieron en la Audiencia de Girona que los dos propietarios de la embarcación, Bartomeu Gayolà y Simó Rodríguez, y el ex edil de Banyoles, Josep Alsina, puedan escapar de la condena de 30 meses de cárcel por 21 homicidios imprudentes.

Por su parte, las acusaciones particulares intentan incrementar el montante de las indemnizaciones para las víctimas y sus familiares, y algunos letrados reclaman también mayor dureza para los responsables penales. La resolución a estos recursos se conocerá aproximadamente dentro de un mes.

Los letrados de los dos propietarios de la embarcación continuaron abundando ayer en buena parte de los argumentos que ya utilizaron en el juicio, en los que atribuían toda la responsabilidad del grave siniestro al constructor de la embarcación. Carles Monguilod, defensor de Simó Rodríguez, explicó ayer que en ningún caso se discute la cuantía de las indemnizaciones fijadas en el juicio, pero argumenta que los propietarios no deberían ser encarcelados. "No nos parece justo que alguien que tuvo la desgracia de ver hundirse su embarcación y sufrió en primera persona todo el drama, que sin duda también sufrieron las víctimas, deba entrar ahora a cumplir penas de prisión", argumentó el letrado. La defensa insistió también ayer en el supuesto atenuante que supone para Simó Rodríguez el hecho de lanzarse al agua para socorrer a las víctimas del naufragio de L'Oca.

Las defensas de los acusados han presentado un documento notarial en el que las esposas de éstos, con quienes compartían sus propiedades, permiten que sus posesiones sean expropiadas junto a las de sus cónyuges para poder hacer frente a las indemnizaciones que deben recibir los herederos de las víctimas, fijadas por la justicia. Estas indemnizaciones suman un total de tres millones de euros, mientras que las víctimas y sus familiares reclamaban alrededor de 14 millones.

Sin tensión

La vista de los recursos, que terminará hoy, ha estado exenta de los momentos de tensión que azotaron el juicio, puesto que ni los acusados ni los familiares de las víctimas han estado presentes en la sala. Sí comparecieron el alcalde de Banyoles durante el naufragio, Joan Solana, y el actual edil, Pere Bosch. Este último aseguró que tenía confianza en que se revisaría la sentencia y en que finalmente la justicia libraría al ex concejal de Urbanismo de Banyoles de toda responsabilidad en el naufragio de la embarcación. A la vista asistieron también dos representantes del consulado francés en Barcelona.

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