Los funcionarios de Portugal, en huelga por el recorte de 40.000 empleos

La Administración pública portuguesa paró ayer para protestar contra la reforma estructural del sector anunciada hace pocas semanas por el Gobierno liberal de José Manuel Durão Barroso. El Ejecutivo de Lisboa pretende aplicar el modelo privado de gestión a los servicios del Estado para agilizarlos, pero principalmente para disminuir los enormes gastos de la Administración. Ésta consume un 15,3% del producto interior bruto (PIB), representa un 46,6% del gasto público total y da trabajo a un 15% de la población activa portuguesa. El lado más polémico de la reforma es la previsión de reducir el número de funcionarios (708.000 en total) en 40.000 hasta 2006.

La huelga de ayer fue convocada por el Frente Común de Sindicatos de la Administración Pública, que contesta especialmente los cambios previstos para el sistema de promociones dentro de la Administración.

El Gobierno quiere que los funcionarios del Estado pasen a ser evaluados por entidades privadas, independientes de la Administración, para acabar con las promociones automáticas, basadas en la antigüedad. Reivindican también un aumento salarial del 5,5%, en contra de "la moderación salarial" defendida por el Gobierno.

Los sindicatos aseguraron que la adhesión a la huelga fue de un 85%. Como es normal, el Gobierno dijo que esta cifra era muchísimo menor, y un portavoz del Ministerio de Hacienda se atrevió a defender que los huelguistas no superaron el 10%.

Cifras aparte, la verdad es que la huelga de ayer afectó al funcionamiento de algunos sectores, en especial de los servicios de sanidad y educación. En hospitales de todo el país, incluidos los más importantes de Lisboa, la adhesión a la protesta superó el 90%. Las consultas externas no funcionaron, casi todas las intervenciones quirúrgicas fueron aplazadas y no había enfermeros. Asimismo, muchísimas escuelas no llegaron siquiera a abrir sus puertas por falta de funcionarios.

Los sectores de la salud y de la educación son dos de los más perjudicados con la política de recorte de gastos que el Gobierno luso lleva a cabo desde hace dos años con el objetivo de mantener el déficit público por debajo del 3% del PIB.