La presidenta electa: "Voy a suprimir la vivienda protegida"

"Todos sabemos que el sistema actual de vivienda protegida [casas con precio máximo fijado por ley, destinadas a familias de renta media-baja] favorece el fraude. Hay que inventar cosas nuevas". Lo dijo ayer Esperanza Aguirre en el debate de investidura, y lo precisó después en los pasillos de la Asamblea: "Voy a suprimir la vivienda protegida tal y como está ahora". La presidenta no quiso aclarar si eliminará de la Ley del Suelo la obligación que tienen los promotores de que el 50% de las viviendas que hagan sean protegidas.

Las "cosas nuevas" que quieren inventar Aguirre y su equipo se resumen en una frase: "Centrar las ayudas en las personas, no en los inmuebles". Es decir, dar dinero contante y sonante a los compradores de vivienda (no dijo cuánto ni con qué criterio), en lugar de promover la construcción de casas baratas. El objetivo: evitar el fraude. La ya presidenta electa lo explicó en los pasillos de la Cámara: relató que un sindicalista de Madrid le había explicado hace unos días que había acompañado a su padre a comprar un piso protegido en Alcobendas y que la promotora les había pedido el doble del precio legal.

"Este sistema favorece el fraude, está claro, hay que eliminarlo", zanjó la presidenta. "Voy a suprimir la vivienda protegida tal y como está ahora. No sé cuál será el nuevo modelo, pero el actual no ha funcionado, eso lo sabe todo el mundo", insistió.

El sistema actual es el establecido por la Ley del Suelo de 2001, elaborada por el predecesor de Aguirre en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón, y su entonces consejero de Urbanismo, Luis Eduardo Cortés (ahora en el equipo de Aguirre). Esa ley obliga a las empresas constructoras a que al menos el 50% de todas sus viviendas en un nuevo desarrollo urbanístico sean de precio protegido, es decir, que su precio no pueda superar un tope fijado por la Administración (que ronda los 1.000 euros por metro cuadrado). La ley anterior, de 1995, también recogía esa obligación, pero únicamente para los municipios con más de 25.000 habitantes. El equipo de Aguirre está ya preparando una reforma de la Ley del Suelo de 2001.

La propuesta popular de eliminar las viviendas protegidas y sustituirlas por ayudas económicas a las personas que quieran comprar una casa tuvo contestación inmediata por parte de los portavoces de PSOE e IU, Rafael Simancas y Fausto Fernández, que acusaron a la presidenta de intentar beneficiar, una vez más, a los constructores.

"¿Va usted a dar una subvención a quien se quiera comprar una vivienda de 70 millones de pesetas, por ejemplo?", le preguntó a Aguirre el líder socialista en los turnos de réplica. La dirigente del PP negó con la cabeza y dijo, fuera de micrófono: "No, claro que no". "Entonces tendrá que poner un tope, ¿verdad? ¿50, 40, 30 millones de pesetas? Y ¿qué promotor va a querer construir viviendas de 30 millones si no está obligado por ley?", contraatacó Simancas. "El problema es que, si no hay obligación legal de levantar pisos baratos, los precios seguirán creciendo, y darle tres millones de pesetas a alguien no le solucionará nada", explicaba después el portavoz socialista.

Fausto Fernández, de IU, calificó también de "sandez" la propuesta de Aguirre de crear consorcios con las promotoras y los bancos para que éstos "produzcan, financien y comercialicen" las 79.000 viviendas en alquiler prometidas por el PP. "Quieren entregarle el único trozo de tarta que no tienen a la iniciativa privada", protestó el diputado.