EE UU tramita una ley que aumentará las multas para quienes abusen de la confianza de los inversores
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ayer, con 418 votos a favor y 2 en contra, un proyecto de ley que aumenta las multas a quienes cometan abusos en la gestión de los fondos de inversión mobiliaria.
El proyecto de ley pasará ahora al Senado, donde existen varias versiones del proyecto con el mismo fin de aumentar la seguridad y la transparencia y que, sin embargo, no espera votar sobre el asunto antes del próximo año, según han explicado fuentes legislativas.
La medida se aprobó en la Cámara baja mientras continúan los escándalos por los abusos cometidos en los populares fondos de inversión, escándalos que han mermado la confianza de los cerca de 95 millones de estadounidenses que participan en ellos.
La legisladora republicana Katherine Harris explicó que el proyecto de ley obliga a las empresas a ofrecer más información a los ahorradores sobre cómo funcionan estos fondos de inversión "para que tengan un entendimiento claro" sobre sus operaciones en los mercados.
Con ese objetivo fundamental, las compañías tendrán que divulgar al conjunto de su clientela todos los costes asociados con las operaciones de esos fondos, incluyendo la compensación que obtienen los administradores de las acciones por su gestión.
El proyecto de ley también prohíbe la compraventa de acciones de esos fondos a corto plazo, una práctica que, aunque ahora no es ilegal, ha estado muy a menudo bajo el escrutinio de los reguladores de la Bolsa por los grandes abusos que han cometido algunos trabajadores con información privilegiada.
Además, el proyecto obliga a las empresas a que cumplan a rajatabla con la hora de cierre para todas las transacciones de compraventa, que está fijada a las 16.00 horas del Este en Estados Unidos (21.00 GMT), para que las órdenes se ejecuten en horas hábiles.
La tramitación de la nueva norma se ha acelerado tras las denuncias del fiscal general, Elliot Spitzer, contra algunas gestoras, a las que se acusa de ejercer prácticas ilegales y de perjudicar a los partícipes.
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