Educación se escuda en Hacienda para suspender la negociación del decreto para la formación de adultos

La Consejería de Educación ha dado otra vuelta de tuerca más para tratar de justificar el "retraso normativo" en que se encuentra la Ley de Formación de Personas Adultas (FPA) desde su aprobación en 1995 y ayer se escudó en la "falta" del preceptivo informe económico que debía de haber elaborado la Consejería de Hacienda para "suspender" la mesa técnica de negociación con los sindicatos que había sido convocada oficialmente con dos semanas de antelación. Una "argucia" que desde la Mesa d'Agents Socials per la Formació de Persones Adultes -integrada por los sindicatos STEPV, CC OO y UGT, el colectivo de Maestros Municipales, el Taller para la Renovación de la EPA y la federación de escuelas de EPA- fue tachada sin ambages de "coartada".

"Fue Camps, quien en 1997 afirmó que era 'un proyecto educativo de primera magnitud"

"Desde el año 2000, ningún desarrollo normativo ha sido abordado: la coartada es que la Consejería de Hacienda tiene el decreto de creación de los centros paralizado [a falta del preceptivo informe económico], como si un departamento pudiera hacerlo sin que haya una directriz política que así lo establezca".

Desde la plataforma -que desde hace siete años reivindica "la creación de un marco estable" para que los adultos puedan obtener el correspondiente certificado de Graduado Escolar necesario, por demás, para "poder incorporarse y acceder a los tres subsistemas de formación profesional reglada, ocupacional y continua"- se acusa directamente al actual presidente de la Generalitat Francisco Camps de "la situación de dejadez y la falta de presupuestos en que se encuentra la FPA". La Mesa d'Agents subraya que "fue el propio Camps, siendo consejero de Educación, quien en 1997 afirmaba: 'Vamos a hacer con absoluta responsabilidad el desarrollo de esta ley'", asegurando que se trataba de "un proyecto educativo de primera magnitud". Cinco años después de estas declaraciones, la Mesa sostiene que "en el Presupuesto de 2004, las partidas específicas para la Formación de Personas Adultas se incrementan por debajo de la media, mientras que los conciertos educativos suben un 8,5% o las ayudas a instituciones privadas de educación infantil han crecido hasta un 103,7%".

Mientras, según explica Vicent Mauri del STEPV, "los profesores de Secundaria que trabajan en centros de FPA desde hace tres años no tienen consolidados sus puestos de trabajo, al no haberse publicado en el DOGV el correspondiente decreto de creación de centros de FPA, precisamente, a falta del preceptivo informe económico". Mauri sostiene que no se puede responsabilizar sólo a Hacienda del retraso y considera que "existe una clara falta de voluntad política por parte del Gobierno del PP para desarrollar esta ley".

Luis García Trapiello, de CC OO, en la misma dirección, considera que es "urgente" la elaboración de esta normativa, ya que "su falta paraliza toda la regulación posterior, tanto la del funcionamiento de estos centros específicos de educación, como la regulación laboral de su profesorado". En ese sentido, el sindicato subraya la "inestabilidad" debido a que los docentes que imparten la FPA proceden de dos cuerpos diferentes (el de Primaria o el de Secundaria), estando a su vez adscritos "a tres administraciones distintas", dependiendo de que la titularidad de los centros corresponda a la Consejería de Educación, a la Diputación o a los Ayuntamientos.