UGT pide a la juez que invalide el acuerdo de privatizar Canal 9

El abogado de la Federación de Servicios del sindicato UGT explicó ayer a la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Valencia las razones por las que impugnó el acuerdo del consejo de administración de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) que daba luz verde al proceso de privatización de Canal 9 el pasado mes de marzo. El incumplimiento de la Ley de Creación del Ente, la vulneración de la Ley de Terceros Canales y los perjuicios a los trabajadores fueron los argumentos. Pero antes de que el letrado pudiera profundizar en ellos tuvo previamente que defender el hecho mismo de haber presentado un recurso ante la petición del abogado de RTVV, que solicitaba que no progresara porque el sindicato no está legitimado para emprender dicha acción.

UGT hizo valer que "la Constitución y el ordenamiento jurídico le dan competencias de defensa colectiva de los intereses de los trabajadores". Por ello una razón que hasta ahora no había sido la más poderosa para pedir la nulidad del acuerdo que supuestamente daba paso a la privatización de Canal 9 se convirtió en la explicación más extensa.

El sindicato pidió la nulidad porque, según su criterio, el hecho de que 1.884 horas de programación pasen a manos privadas, así como la gestión de la publicidad y los informativos "supone un grave riesgo para la plantilla". Es muy difícil entender que la cadena mantenga a todos sus trabajadores y pague cantidades millonarias a empresas que realizarán el trabajo de estos empleados", dijo el abogado.

Plan de actuación

La representación de UGT discutió la mayor ante la magistrada. El sindicato recordó a la sala que lo que en realidad aprobó el consejo de administración de RTVV en las sesiones de 24 y 31 de marzo pasado (con el voto en contra de los representantes a propuesta del PSPV y de EU en el órgano colegiado) fue una modificación del Plan de Actuación y los tres concursos de privatización en una votación conjunta, por lo que entiende que no se ajusta a derecho. Para el abogado de UGT está "meridianamente claro" que el consejo de administración "no tiene competencias para modificar el plan de actuación".

El letrado de RTVV dijo en cambio que la votación en el consejo de administración se ajustó a derecho y que en reiteradas ocasiones se había garantizado a los sindicatos que en nada afectaría el proceso a la plantilla.

El proceso de privatización de Canal 9 está en punto muerto. Hace más de un mes que finalizó el plazo y deberían haberse conocido las empresas adjudicatarias. Por contra, el director general de RTVV, José Vicente Villaescusa ha apelado a un examen exhaustivo de las propuestas sine die. Pero además, los presupuestos para 2004 no contienen, como ya señaló la oposición socialista, referencia alguna a que esa privatización, ahora llamada externalización, se vaya a producir. Para UGT lo que se está haciendo es una privatización encubierta al aumentar la producción ajena en detrimento de la propia.