Hacienda prepara un inventario con todo el patrimonio público para finales de 2004

El Ministerio de Hacienda está elaborando un inventario que recoja todos los bienes públicos, desde el Museo del Prado hasta la última finca rústica heredada de un fallecido sin descendencia. Este ambicioso proyecto, que arrancó en 2001 y que culminará a finales de 2004, persigue integrar todos los bienes del Estado, las comunidades y los entes locales para gestionarlos mejor. El plan entrará en vigor en 2004 y prevé vender todas las propiedades inservibles para uso público y deshacerse de los alquileres, que actualmente suponen entre el 10% y el 15% de los edificios públicos.

La Administración no tiene una idea precisa de los bienes de los que dispone ni el Estado, ni las comunidades autónomas ni los ayuntamientos. Con el reconocimiento de esta carencia, el Ministerio de Hacienda decidió hace algo más de dos años elaborar un listado exhaustivo de todas las propiedades públicas que existen en España. A un año de su culminación, Hacienda ha decidido comprometer más este objetivo al incluirlo en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, aprobada el pasado 4 de noviembre y que entrará en vigor el 4 de febrero de 2004.

Mercado patrimonial

El inventario, a excepción de las propiedades de Ceuta y Melilla y algunas de las islas, estará terminado en el último trimestre del año próximo, según señala un portavoz del ministerio. El resto se añadirá a principios de 2005.

Conocer todas las propiedades públicas permitirá, según Hacienda, crear una especie de mercado patrimonial al que puedan concurrir las administraciones para satisfacer sus necesidades de espacio. Es decir, si una comunidad requiere un edificio que la Seguridad Social, por ejemplo, ha dejado de utilizar, con este mercado lo podrá intercambiar sin los costes adicionales de adquirirlo en el mercado libre.

Esta bolsa de bienes estará también sometida a unos criterios de racionalización. Así, el Estado se desprenderá de todas aquellas propiedades que no son aprovechables como servicio público, según explicó el subsecretario del Ministerio de Hacienda, Francisco Uría, en unas recientes jornadas sobre la Ley de Patrimonio organizadas por la Asociación para el Progreso de la Dirección.

Se trata de unos 40.000 inmuebles, la mayoría fincas rústicas provenientes de fallecidos sin herederos y sin testamento, que no pueden aprovecharse para uso público. "El único sentido es la enajenación", señaló Uría. La nueva ley establece que todo lo que se ingrese por esas ventas deberá ingresarse en el Tesoro. Sin embargo, hay una mínima parte de esos bienes (menos del 10%) ubicados en zonas urbanizables. Para ellos, la Administración ha fijado la obligación de destinarlos a viviendas sociales. En palabras de la directora de Patrimonio, se trata de "relacionar esos bienes privados con la ejecución de políticas públicas".

Adjudicaciones por concurso

En estos casos, los proyectos se adjudicarán por concurso en lugar de por subasta, de forma que el criterio dominante no sea el precio, sino la utilidad del proyecto ideado para ese bien.

Dentro de esta racionalización del patrimonio, Hacienda espera que tenga más peso la contención del gasto que el incremento de los ingresos. El principal instrumento de ahorro consistirá en abandonar poco a poco los alquileres que utilizan algunas dependencias públicas. Uría cifra entre el 10% y el 15% los servicios públicos que se prestan en edificios de alquiler. "Queremos eliminarlo porque constituye el peor tipo de gasto, el gasto corriente". No obstante, Uría matizó a este periódico que es imposible eliminar del todo el alquiler, aunque se quiere reducirlo al 5%.

Pero no todas las medidas irán encaminadas a reducir el gasto. También existe un plan de inversiones para "la dignificación de los edificios públicos". Este proyecto incluye la rehabilitación de casi todas las grandes instituciones del Estado, actualmente en ejecución: Congreso, Senado, Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado, Fiscalía General, Tribunal de la Competencia, Instituto Cervantes, algunas embajadas... También está previsto aprovechar las 30 sedes que el Banco de España ha dejado vacantes en ciudades que no son capitales de provincia. La Administración también puede optar por ceder un inmueble a comunidades autónomas, ayuntamientos, fundaciones públicas o asociaciones de utilidad pública.