Díaz Alperi trató de tapar el agujero de Mercalicante antes del escándalo

En el verano de 2001, mucho antes de que saltara el escándalo de Mercalicante, los máximos responsables de la empresa -Luis Díaz Alperi, dos ediles del PP y dos directivos de la sociedad estatal Mercasa-, imputados ahora por presunta apropiación indebida y delito societario, ya conocían la agónica situación económica de la firma agroalimentaria de capital público. E idearon un plan, que llegaron a llevar a un consejo de administración, para obtener recursos y tapar el agujero que por entonces ya afectaba a la marcha de la empresa.

Según consta en actas públicas a las que ha tenido acceso EL PAÍS, la fórmula para obtener fondos consistió en un rocambolesco trueque inmobiliario: el Ayuntamiento compraba a Mercalicante una parcela de 15.000 metros cuadrados que luego el Consistorio permutaría con Correos para la construcción de un centro de clasificación postal.

Díaz Alperi pretendía con esa operación matar dos pájaros de un tiro: inyectar fondos en Mercalicante y dar salida al abandonado edificio histórico de Correos en la ciudad, ya que el preacuerdo con el ente autónomo establecía la permuta del solar de Mercalicante por el emblemático inmueble de la Plaza de Gabriel Miró. El 4 de septiembre de 2001, el consejo de administración de Mercalicante autorizó a la sociedad mixta la venta al Ayuntamiento de una parcela de 15.000 metros cuadrados.

La operación presentaba inconvenientes de gran calado -prueba de ello es que no ha llegado a materializarse- pero sirvió para que los asientos contables de Mercalicante computaran como ingreso la enajenación de la parcela. La parcela que el alcalde ofreció a Correos ni siquiera era edificable y, además, ese suelo se había expropiado para uso agroalimentario, no para servicio postal. Además, el Ayuntamiento estaba dispuesto a pagar a Mercalicante por unos terrenos que dentro de 22 años revertirán en el municipio.

El autor material de la propuesta fue el concejal popular Juan Zaragoza, vicepresidente de Mercalicante y miembro de la comisión ejecutiva de la firma agroalimentaria, imputado junto a Díaz Alperi y José María Rodríguez Galant, ex concejal y actual asesor de Eduardo Zaplana en el Ministerio de Asuntos Sociales.

Correos y Telégrafos había intentado sin éxito desprenderse en dos ocasiones de su sede histórica en Alicante por la vía de la subasta pública. Primero tasó el edificio en 524 millones de pesetas, pero nadie pujó por el inmueble, cuya rehabilitación se estimó entonces en unos 500 millones. Luego, en su segundo intento, rebajó el precio de salida a 454 millones, pero la subasta quedó igualmente desierta. El edificio, protegido por la Ley de Patrimonio, lleva clausurado desde 1999, lo que ha acelerado su deterioro. La oposición municipal ha presentado diversas iniciativas para frenar el deterioro del inmueble, aunque ninguna de ellas ha prosperado frente a la mayoría absoluta del PP en el gobierno local.El ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, avaló en el Senado la operación urbanística a varias bandas para construir el centro de clasificación postal de Alicante y Murcia en una parcela de Mercalicante, la empresa mixta objeto de un desfalco de unos seis millones de euros. Pero esa operación, planteada por Alperi para inyectar fondos a Mercalicante y salvar el edificio histórico de Correos, ha resultado un fiasco: Correos sigue sin su centro de clasificación postal previsto en Alicante para cubrir esta provincia y la de Murcia, el edificio histórico del ente autónomo sigue deshabitado y deteriorándose, y Mercalicante continúa en la ruina. Además, la demora en la construcción ha hecho perder a Correos cientos de miles de euros en alquileres. La parcela de Mercalicante se ha vendido finalmente a una firma privada.

Justo hace un año, Álvarez Cascos aseguró en el Senado: "El presidente de Correos tiene intención de cerrar el acuerdo de la permuta antes de final de año". Pero esa operación era más complicada de lo que explicó el titular de Fomento. Primero, porque la parcela de Mercalicante aún no era propiedad del Ayuntamiento, sino de la sociedad mixta dedicada al abastecimiento y comercialización agroalimentaria; y segundo, porque el terreno en cuestión aún permanecía sin recalificar para el uso postal. Para Cascos, ese segundo inconveniente tenía rápida solución, porque el Ayuntamiento de Alicante ya había solicitado al Consell autorización para recalificar la parcela.

El ministro había sido interpelado por el ex senador socialista y secretario general del PSPV de Alicante, Ángel Franco, y éste trasladó una versión radicalmente distinta a la de aquél. Ya por entonces, Ángel Franco sostenía que el gobierno local que preside el popular Luis Díaz Alperi intentaba utilizar la operación con Correos para tapar parte del agujero económico de Mercalicante. Para llegar a esa conclusión, explicó que Correos, en enero de 2001, convocó un concurso buscando terrenos en Alicante para construir el centro. "Misteriosamente nada se supo de ese concurso hasta que Díaz Alperi entró en la operación y propuso que el Ayuntamiento comprara una parcela a Mercalicante, para luego permutarla con Correos a cambio del edificio histórico del centro de la ciudad". Para Franco, lo que intentaba el alcalde con esa operación era inyectar fondos a Mercalicante que evitaran la quiebra de la empresa. Esta complicada operación, en opinión de Franco, ya ha causado un grave quebranto económico al erario público. Porque el retraso en la construcción del centro postal, dijo, ya ha encarecido el proyecto inicial -Cascos habló ayer de una inversión de nueve millones de euros-.

Mientras Correos sigue sin poder construir su centro postal, todas las gestiones de Díaz Alperi para buscar una salida a la antigua sede del ente autónomo han fracasado. El último intento se ha realizado con la Universidad de Alicante, interesada en instalar ahí su sede en la ciudad.

Díaz Alperi, después de descartar con la Consejería de Sanidad que el inmueble se rehabilitara como centro de especialidades, negoció infructuosamente con El Corte Inglés y con el constructor Enrique Ortiz, que se interesó por instalar allí la sede de su grupo empresarial.