El arzobispado de Madrid no ve impedimento en que el Príncipe se case con una "divorciada"

Haberse casado por lo civil y divorciarse más tarde no será inconveniente para que la periodista Letizia Ortiz Rocasolano pueda celebrar su boda por el rito católico con el príncipe Felipe de Borbón. El cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco, que será el oficiante de la solemne ceremonia, ha pedido al asesor jurídico-canónico de su arzobispado, Roberto Serres, "información acerca de cuáles son los artículos del Código de Derecho Canónico que permiten celebrar" esa boda en la catedral de Madrid.

El boletín del arzobispado dice, antes de dar cuenta del informe: "Ante las reiteradas demandas de información acerca de cuáles son los artículos del Código de Derecho Canónico que permiten celebrar por el rito católico en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena de Madrid la boda de S.A.R. el Príncipe de Asturias con la divorciada Doña Leticia (sic) Ortiz Rocasolano, el Asesor Jurídico-canónico del Arzobispado de Madrid, Roberto Serres López de Guereñu, declara lo siguiente".

"Un principio básico"

"Entre bautizados no puede haber contrato matrimonial válido que no sea sacramento", proclama el canonista Serres. Según el servicio de noticias del arzobispado, InfoMadrid, el informe empieza fijándose en "la legislación canónica aplicable al caso", es decir, los cánones 1055 y 1058 del Código de Derecho Canónico.

El primero establece "un principio básico" de la doctrina, dice el informe: "Entre bautizados no puede haber contrato matrimonial válido que no sea sacramento". "En el caso de un bautizado, ha de contraer matrimonio en forma canónica para que se produzca la realidad matrimonial como contrato y como sacramento", añade el informe.

Sobre el matrimonio "meramente civil", dice que se trata de "un matrimonio celebrado sin forma canónica y, por tanto, inexistente, en su doble dimensión inseparable de contrato matrimonial y sacramento". "Por consiguiente, no produce el impedimento de vínculo, que sólo se origina del matrimonio válido, por lo que la persona sigue siendo libre para contraer matrimonio canónico".

Respecto al canon 1058, que establece que pueden contraer matrimonio todos aquellos a quienes el derecho no se lo prohíbe, el asesor de Rouco, aplicándolo al caso de la boda de Felipe de Borbón y Letizia Ortiz, dice: "No hay ningún impedimento canónico para contraer matrimonio, por lo que la persona tiene derecho al mismo, siempre que acepte rectamente el matrimonio canónico". Según el experto del arzobispado, "todo esto es aplicable a cualquier católico". "De hecho, se ha aplicado en otros casos idénticos, por lo que no significa privilegio alguno", dice.

El debate es teológico para los eclesiásticos católicos, pero también tiene repercusión entre la ciudadanía, a juzgar por las cartas publicadas en la prensa. Una de ellas era de una profesora de religión que perdió su empleo por decisión de un obispo que consideró "inadmisible" su matrimonio con un divorciado. Otra carta subrayaba el contrasentido de negar la comunión en muchas iglesias a los divorciados o casados por lo civil, mientras la jerarquía aplaude la futura boda real. El cardenal Rouco, al encargar el informe a su asesor canónico, reconoce implícitamente esa inquietud entre los fieles.

El teólogo Juan José Tamayo, presidente de la Asociación de Teólogos Juan XXIII y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, dijo ayer que el informe jurídico presentado por el arzobispado demuestra "un desconocimiento casi enciclopédico de la historia del cristianismo y una falta de respeto a la autonomía de las realidades temporales, como es el matrimonio". Con gran profusión documental sobre la historia del matrimonio, Tamayo subraya que las primeras comunidades cristianas, hasta el siglo X, "siempre concedieron validez a los matrimonios celebrados según los usos y leyes del tiempo".

Por otra parte, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, ha presentado una querella por injurias a la Corona contra los autores de un artículo publicado en el suplemento humorístico del diario Deia, en el que se caricaturizaba la boda del Príncipe.