El Consell aprueba la ley de ordenación del territorio y el cambio de la ley de patrimonio

El Ejecutivo da 21 millones de euros para I+D+I a universidades e institutos tecnológicos

Valencia - 15 nov 2003 - 00:00CET

El Gobierno valenciano aprobó en su reunión de ayer dos importantes proyectos legislativos: uno esperado desde hace tiempo -la ley de Ordenación del Territorio- y otro cuyo anuncio, el pasado mes de septiembre, causó preocupación -el que pretende modificar la vigente Ley de Patrimonio-. El primero facilitará una planificación "racional" del territorio que haga compatible el desarrollo económico con la cohesión social y con el desarrollo sostenible y el segundo permitirá actuaciones de carácter "excepcional" en entornos BIC para facilitar su "uso social".

Una de las principales consecuencias de la reforma de la vigente ley de Patrimonio aprobada ayer por el Consell es que se permitirán actuaciones de carácter "excepcional" en entornos declarados como Bien de Interés Cultural (BIC) con el objeto de facilitar su "uso social". Una redacción que los grupos de la oposición entienden como un intento de legalizar proyectos polémicos como el del palacio de congresos del Benacantil, en Alicante, y la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez a través del barrio de El Cabanyal, en Valencia, pero que también se podría aplicar para soslayar la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que ordena la reversión de las obras del Teatro Romano de Sagunto.

El portavoz del Consell, Alejandro Font de Mora, informó de que el Consejo Jurídico Consultivo no ha hecho ninguna observación "esencial" al texto con el que se reforma la Ley de Patrimonio de 1998. El proyecto del Consell pretende corregir las "carencias, deficiencias y distorsiones" de la normativa vigente, según indicó el consejero de Cultura, Esteban González Pons, el día que anunció la presentación del texto.

El pleno del Ejecutivo valenciano también aprobó ayer el proyecto de ley de Ordenación del Territorio. Un texto "innovador", defendió el consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, que facilitará una planificación "racional" del territorio para hacer compatible el desarrollo económico con la cohesión social y con el modelo de desarrollo sostenible de la Comunidad Valenciana. Es, según el consejero, una norma "de gran trascendencia" en la ordenación del territorio y en la planificación que incidirá "en todos los ámbitos de la vida pública", que tiene "vocación europeísta" y un "acusado" contenido social y medioambiental.

El Consell aprobó también un decreto por el que se regula el régimen de distribución y comercialización del pan y productos de panadería en la Comunidad Valenciana. El Ejecutivo que preside Francisco Camps también acordó en su reunión de ayer destinar 21.191.158 euros a las universidades públicas y a los institutos tecnológicos para financiar proyectos e inversiones en materia de I+D+I. Este dinero, que sale del presupuesto de la Agencia Valenciana de Ciencia y Tecnología, se distribuye en 15,3 millones de euros para las universidades públicas y 5,8 millones para los institutos.

Del País Vasco a La Rioja

Dos comunidades autónomas, el País Vasco y La Rioja, marcaron ayer, entre otros actos, la agenda matinal del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, si bien por motivos muy diferentes. La primera, porque el Consell aprobó una declaración para rechazar la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, el llamado Plan Ibarretxe, con la que el Ejecutivo valenciano "hace suya la decisión del Gobierno español de hacer uso de los mecanismos legalmente previstos para defender el orden constitucional establecido" ante una iniciativa que "encierra una pretensión de soslayar la Norma Fundamental del Estado y por tanto la soberanía nacional".

Y la segunda porque Camps se entrevistó con el presidente del consejo de gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, en el Palau de la Generalitat antes de visitar juntos las ferias internacionales de maquinaria y herramientas para la madera y de proveedores para la industria del mueble y la madera. En este encuentro, ambos dirigentes se reafirmaron en su apoyo al Plan Hidrológico Nacional como una "apuesta" en favor de la "construcción" del Estado de las autonomías y expresaron su convencimiento de que el agua "no es propiedad de nadie".

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