Alperi insiste en el recurso a su imputación en Mercalicante en que fue engañado

El alcalde de Alicante y presidente de Mercalicante, el popular Luis Díaz Alperi, sustenta el recurso a su imputación por el presunto desfalco en esta entidad pública en que fue víctima de un gran engaño por parte del ex gerente de la sociedad, José Emilio Clavero. Los argumentos jurídicos de la apelación presentada ayer para su revisión por la Audiencia apenas difieren de los que Díaz Alperi y los dos ediles imputados -Juan Zaragoza y José María Rodríguez- esgrimieron en reforma contra el auto de la juez, de siete de marzo de 2002, que aceptó parcialmente una querella del PSPV contra la comisión ejecutiva de Mercalicante.

La juez que instruye el caso ha dictado un auto en el que aprecia "indicios delictivos" en la comisión ejecutiva, máximo órgano de control de la empresa que preside el alcalde. En uno de los apartados del auto, la magistrada indica: "Lo cierto es que examinado el libro de actas de la comisión ejecutiva, de todo aquello de lo que se viene acusando al ex gerente han tenido conocimiento los miembros de la misma". "Y cierto es", añade "que en esta fase en la que se encuentra la instrucción pudiera resultar que las desviaciones de fondo por parte del ex gerente de Mercalicante no se hubieran producido sin existir el respaldo de la comisión ejecutiva, o quizás, sí".

La titular del juzgado concluye que la única garantía para el esclarecimiento de los hechos es traer a sus miembros [los de la comisión ejecutiva] en calidad que les permita ejercer su derecho legítimo de defensa, es decir, como imputados.

Gestión desleal

Los tres cargos del PP imputados sostienen que el único responsable de las irregularidades cometidas ha sido Clavero. A juicio de éstos, todas las actuaciones y decisiones del consejo de administración y del comisión ejecutiva de Mercalicante "han sido tomadas conforme a la ley, a los estatutos y con la diligencia debida, salvo aquellas en las que el ex gerente omitió, ocultó y manipuló información". Para el PP, ningún concejal se ha beneficiado económicamente de las irregularidades en "la gestión desleal" de la empresa. Sobre las operaciones de crédito, los populares sostienen que todas ellas fueron convalidadas por la Junta General, en la que están representados todos los grupos políticos.

El PSPV, por su parte, considera que la actuación del ex gerente, "aunque ciertamente reprochable", no pudo por sí misma causar el quebranto económico que sufre la sociedad. Para la oposición es determinante que el PP creara en 1998 un comité ejecutivo para restar competencias al consejo de administración de la empresa. Ese comité, formado por tres miembros del PP y dos ejecutivos de Mercasa, adoptó algunas decisiones que, según el PSPV, han contribuido a la ruina de la empresa.