Los políticos vuelven a las cajas

Casi dos años después de la victoria del PP en la Generalitat, el entonces presidente, el popular Eduardo Zaplana, encargó a su consejero de Economía, José Luis Olivas, y al responsable del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), José Manuel Uncio, la reforma de la ley de cajas valenciana, redactada por los socialistas, sus predecesores en el gobierno. El PP necesitaba un cambio del color político en las cajas de ahorros más rápido del que permitía la ley socialista.

En este escenario, Zaplana fue de los primeros presidentes autonómicos en España que amplió por encima del 50% la representación pública en las cajas, -introdujo un nuevo grupo, el de la Generalitat, a costa de impositores, empleados y entidades fundadoras- pese a las reticencias de destacados juristas, que alertaron que la naturaleza de las cajas no era, según la ley marco española, el servir de instrumento financiero a las administraciones públicas.

En el pacto ha pesado más el pragmatismo de los partidos que el consenso institucional

Olivas se postula como presidente de Bancaixa tras el ejercicio de posibilismo de Camps

Zaplana siguió adelante y, en un intento de acallar las acusaciones de politización que le lanzaba la oposición, introdujo en la reforma de la ley de cajas un régimen de incompatibilidades que impedía la presencia de cargos públicos electos en los órganos de gobierno de las cajas. El PP vendió esta reforma como la de la "despolitización" pese al aumento de peso que obtenían las administraciones públicas.

Seis años después, el PP se ha visto obligado, por una ley redactada y aprobada por el Gobierno de José María Aznar, a desandar el camino y recortar la presencia del sector público en estas entidades financieras que, paradójicamente, viene acompañada del regreso de políticos relevantes vinculados al Consell. En Bancaixa estarán el ex consejero de Sanidad Joaquín Farnós y el que fuera hasta hace cinco meses presidente de la Generalitat, José Luis Olivas, cuyo nombre se baraja además para presidir la caja valenciana a partir del 15 enero. En el cupo del PSPV aparece el ex director general de Trabajo de la Generalitat y ex secretario comarcal del partido Eduardo Montesinos y también se baraja el secretario de Finanzas, Josep María Cataluña, éste por designación de los ayuntamientos.

Los socialistas, que se opusieron a la reforma de Zaplana, han optado desde entonces por pactar proceso a proceso, a excepción de la última renovación en 2001, en la que el PP hizo valer su mayoría absoluta para adjudicarse todo el cupo de la Generalitat. Un proceso que dirigieron personalmente los entonces vicepresidentes del Consell José Luis Olivas (Bancaixa) y José Joaquín Ripoll (Caja de Ahorros del Mediterráneo).

Ni socialistas ni Esquerra Unida (ahora L'Entesa), que exigían al Consell un reparto proporcional de consejeros acorde con su peso en las Cortes, colocaron a uno sólo de los nuevos consejeros.

Las tensiones que vive el PP y el nuevo pragmatismo del que hacen gala los socialistas valencianos parecen determinantes en la gestación del pacto cerrado esta semana por los tres grupos políticos salidos de las urnas el pasado 25 de mayo. El PSPV, cuyo secretario general, Joan Ignasi Pla, ha dirigido personalmente la negociación, ha renunciado a la proporcionalidad, que los populares se han negado de nuevo a otorgarle, a cambio de asegurarse el 50% de las plazas que se renuevan en los consejos de administración de las cajas. Estaba además el temor de los socialistas a peder la minoría de bloqueo necesaria de cara a una hipotética fusión. Un dirigente del PSPV resumía poco después de hacerse oficial la opinión del partido acerca del acuerdo. "No estamos satisfechos con el pacto", reconocía, si bien valoraba la obtención del 50% de los puestos en el consejo de las cajas y restablecer el diálogo con el Consell.

En el pacto ha estado más presente el pragmatismo de los partidos que el consenso institucional. El Consell que preside Francisco Camps llegó tarde a la negociación para renovar los órganos de gobierno de las tres cajas de ahorro valencianas, sobre todo en el caso de Bancaixa, la única de las entidades que está obligada a renovar el cargo de presidente en este proceso.

La bisoñez del consejero de Economía, Gerardo Camps, en esta clase de procesos y la falta de visión para comprender que las cajas -además de ser un instrumento financiero potentísimo capaz de impulsar o frenar las políticas del Consell- son organismos cruciales en el complicado juego de contrapesos de los partidos políticos, explican la pérdida de protagonismo del Ejecutivo en una negociación vital para sus intereses.

Con el Consell en fuera de juego, fue la dirección regional del PP, liderada por Eduardo Zaplana, la que tomó las riendas de la negociación. Una negociación centrada en eliminar el principal obstáculo de una estrategia hábilmente planificada: dejar libre la presidencia de Bancaixa. Una vacante que pasaba por la renuncia del actual titular, Julio de Miguel, que aspiraba a ser reelegido con el apoyo de Francisco Camps. Con Julio de Miguel fuera de juego, la dirección regional del PP pasaba a dominar el tablero de juego.

El portavoz parlamentario y presidente provincial del PP en Valencia, Serafín Castellano, salía reforzado para abordar la negociación con la oposición; José Luis Olivas observaba cómo su anhelo de presidir Bancaixa cobraba cuerpo -ahora como candidato de consenso entre el PP y el Consell tras el ejercicio de posibilismo de Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que se habían quedado sin candidato en la última recta de la carrera-; y la oposición volvía a ser consciente de que al Grupo Popular no le temblaría el pulso en la negociación.

Desde esta posición de fuerza, los populares estaban ya listos para ofrecer a los socialistas un pacto que no podrían rechazar y que habrían mantenido incluso si el PSPV hubiese mostrado más resistencia de la inicial. Como ya ocurrió en el último proceso de renovación, donde la exclusión en el cupo de la Generalitat no se repitió en el grupo de los ayuntamientos, el PP siempre ha tenido clara la necesidad de corresponsabilizar a los socialistas en la gestión de las cajas de ahorro; donde hasta ahora se han adoptado decisiones de dudosa rentabilidad social y económica como la asunción de riesgos en Terra Mítica. En esta ocasión, el pacto entre populares y socialistas ha arrastrado también a L'Entesa, necesitada de abandonar su imagen de coalición antisistema y proyectar su voluntad de gobernar y participar en los principales foros institucionales.

La partida, sin embargo, seguirá abierta hasta que el 15 de enero se nombren a los componentes del consejo de administración de Bancaixa.