Doscientas personas se manifiestan por la protección de la Serra d'Irta

Alrededor de unas doscientas personas se manifestaron ayer en Peñíscola para reclamar la protección de la Serra d'Irta ante la próxima construcción de una gran urbanización junto a Las Atalayas, una zona que linda con la zona de protección de este parque natural.

Con una participación masiva de ciudadanos extranjeros, la Asociación de Vecinos de Monchells, integrada en la Plataforma contra los Abusos Urbanísticos, reclamó al Ayuntamiento de Peñíscola que reconsidere el proyecto presentado para la urbanización de más de medio millón de metros cuadrados. Según explicó el portavoz del colectivo, Wolfgang Spiess, sus reivindicaciones se centran además en una cuestión de seguridad ya que, según dijo, "la carretera de acceso para una nueva urbanización, capaz de albergar a cerca de 9.000 personas, es la misma que existe actualmente y, en un momento de emergencia, la evacuación no sería posible".

Para Spiess, la urbanización que se pretende construir junto a Las Atalayas "recuerda los malos tiempos de los países comunistas", por el diseño de bloques de apartamentos en un área en el que se ha permitido hasta un 65% de ocupación del suelo. Por ello, los vecinos, apoyados por asociaciones del resto de la provincia de Castellón, reclamaron la protección de las zonas de transición a la Serra d'Irta y una urbanización más benévola y semejante a las zonas residenciales que ya está desarrolladas. Finalmente, los manifestantes lograron ser recibidos por el concejal de Urbanismo de Peñíscola, Romualdo Forner, quien se comprometió a estudiar sus peticiones.

Por otro lado, esta mañana la Plataforma por la Protección de la Sierra de Escalona ha organizado una marcha al paraje de El Rincón

con el objetivo de reivindicar la protección del principal espacio forestal de La Vega Baja, según informa María del Carmen Martínez. Los convocantes recuerdan cómo el polémico Plan de Actuación Urbanística 21 de Orihuela contempla la construcción de dos campos de golf y miles de viviendas sobre una superficie de 350 hectáreas y en el Ayuntamiento de San Miguel de Salinas "los especuladores inmobiliarios", según los grupos conservacionistas, están presionando para que se apruebe un plan general "insostenible", que prevé construir 70.000 nuevas viviendas.