"Es necesario un nuevo contrato social"

Carlos Román del Río (Málaga, 1944) es catedrático de Economía Aplicada y director del Instituto de Desarrollo Regional (IDR). Fue el ponente del apartado sobre nuevas tecnologías en la presentación del documento de Estrategias y propuestas de la segunda modernización.

Pregunta. ¿Qué es ser moderno?

Respuesta. Ser moderno es muchas cosas. Por ejemplo, que nadie pase hambre es una cosa muy moderna. Pero eso es una declaración de principios. Con lo que está ocurriendo en el mundo ser moderno es no dejar que el cambio tecnológico simplemente nos suceda, sino tomar alguna decisión, porque un cambio de esta magnitud tiene muchas ventajas y muchos inconvenientes. Ahora hay unas cartas que jugar, juguémoslas. No se trata de inhibirnos ni de forzar la situación.

"La tendencia del Estado-mamá es una filosofía que debiera abandonarse"

P. ¿Y qué está pasando?

R. También hay muchas opiniones sobre eso. En el Consejo Asesor había quien decía que es sólo un cambio tecnológico más. Yo creo que no es sólo eso. Mi función al principio allí fue establecer ideas claras sobre lo que es la nueva economía, la economía digital, y sus impactos sobre la sociedad. La contrapartida a la nueva economía es la sociedad de la información. Es decir, una sociedad que usa habitualmente todas las tecnologías de la información y las comunicaciones y las usa de una manera inconsciente. ¿Eso es revolucionario? La palabra es lo de menos, pero sí supone un cambio muy profundo, muy amplio y que afecta a muchas cosas, empezando por el mundo interior de la empresa.

P. Usted suele decir que tener una página web o llevar la contabilidad con un ordenador no vale para nada.

R. Sí vale, pero no basta. Hay que tener claros esos conceptos. Una cosa es el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el proceso de producción y otra ver cómo afectan a nuestra vida, a nuestra felicidad. Hay teorías que abogan por la desconexión, que mantienen que como ese proceso no se puede hacer en pie de igualdad siempre van a salir perdiendo los más débiles. En el caso de Andalucía eso es absurdo.

P. ¿Por qué?

R. Por el nivel de desarrollo que ya tenemos y por nuestra inserción en la Unión Europea. Pero eso es una cosa y otra aceptar acríticamente la transición hacia ese nuevo modo de producir y de vivir. A mí me parece que profesionales de las ciencias sociales no pueden limitarse a decir: ¡Venga, vamos a aumentar la eficiencia productiva! Pues, ¡por supuesto!, pero como una condición absolutamente necesaria, pero también absolutamente insuficiente. Ése ha sido mi caballo de batalla en toda la historia ésta de la segunda modernización.

P. En todo el documento late la idea de que la sociedad andaluza debe depender menos de la Administración y debe volar sola, pero tampoco hay muchos empresarios dispuestos a ello.

R. El Estado tiene un papel importante que jugar, pero, por supuesto, otro Estado: eficiente, transparente, que rinda cuentas de lo que hace. Hasta ahora lo que se ha venido manteniendo es la tendencia del Estado-mamá, es decir, la protección a la industria naciente y también la protección a la industria moribunda, so pretexto del daño social inmediato. Ésa es una filosofía que debiera abandonarse. Esto es duro, fuerte, pero la Administración lo que tiene que hacer es llevar el timón de ese tránsito hacia la modernización, hacia la nueva economía y la sociedad de la información, primando a los empresarios que son más eficientes, más competitivos, pero también intentando compensar los desequilibrios, porque el cambio tiene muchas consecuencias sociales y no me parece ni justo ni razonable ignorarlas.

P. ¿Cómo se compensan esos desequilibrios?

R. Una vez decidido que Andalucía tiene que hacer la transición hacia la sociedad de la información y la nueva economía las preguntas son: ¿cuáles son los costes?, ¿esto quién lo paga? Por ejemplo, la nueva empresa necesita un trabajo más flexible, más móvil en el sentido espacial, pero evidentemente tiene efectos sobre la sociedad o la familia. Por supuesto, no podemos seguir pensando en la persona, funcionario o no, que tiene un puesto de trabajo para toda la vida. La sociedad de la información requiere la firma de un nuevo contrato social. Vamos a negociar quién paga los costes de esto. Los costes de todo tipo. ¿Será necesario dar más cancha a las nuevas formas de salario? ¿Qué tipo de gasto social se dedica a la familia?

P. ¿Cuál es el papel del Estado entonces?

R. El papel que le toca no es el de dejar que decida el mercado, que es la tesis neoliberal, sino el de intervenir de otra manera, organizar la discusión de qué es lo que tenemos que hacer y convocar a empresarios, sindicatos, ecologistas, a todas las organizaciones sociales. La nueva economía y la sociedad de la información tienen ventajas e inconvenientes. Por un lado, aumentan la productividad, la globalización y la flexibilidad; pero por otro, también los desequilibrios, una cierta pérdida de la identidad cultural propia y una situación laboral más precaria.

P. Al marcar en algunos aspectos un horizonte de 20 años, ¿no se deja a mucha gente fuera? Si no se dominan el inglés o las nuevas tecnologías o no se tiene un talante emprendedor pues...

R. No proponemos eso, pero ése es uno de los costes a pagar. La sociedad de la información no puede dejar tiradas en el camino a las personas que no están en condiciones de incorporarse. Cada vez menos población trabajadora va a sostener a más población no trabajadora y si se prolonga la vida, también se puede prolongar la edad laboral. Ésa es una de las cosas que hay que negociar. Por eso me parece mal limitarnos sólo a la nueva economía. Por supuesto, vamos a la nueva economía, a la dotación en infraestructuras, en telecomunicaciones, a no subvencionar a empresas que están en crisis. Vale y, además, ¿esto quién lo paga? ¿Por qué los sindicatos no juegan un papel activo en la búsqueda y la distribución del nuevo empleo? ¿Y los empresarios? Pues igual tienen que aceptar algunas cosas como el periodo sabático de los trabajadores, porque si hay que saber manejar un ordenador, ya que si no estás fuera de la nueva economía, pues habrá que enseñarlos y mandarlos a un sitio donde aprendan. Y, claro, mientras tanto hay que comer...

P. ¿Y quién paga eso?

R. Habrá que repartir la carga de otra manera entre los diferentes agentes sociales. Y el Estado, que somos todos, ahí no tiene más papel que como mediador, administrador u orientador.

P. ¿El Gobierno andaluz pertenece a la era industrial en vez de a la tecnológica?

R. En términos generales, sí. Está más en la economía industrial que en la de la información, con absoluta certeza y seguridad, pero obras son amores. Nos han convocado. Si es un brindis al sol no lo sé. En cualquier caso, a mí me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es esto. Yo no tengo ninguna capacidad para influir nada más que diciendo lo que opino y defendiendo mis ideas.

P. ¿Es escéptico respecto al recorrido del documento?

R. No, porque el documento es razonable y bastante objetivo. Mi miedo es que sea utilizado como arma arrojadiza y que digan: 'Oiga, usted no ha hecho lo que decía el Consejo Asesor en la página tal'. Una limitación que sí veo es que el documento no esté suficientemente debatido. Me explico: no es que quisiera que la gente hablara de la segunda modernización, con el papel en la mano, en el autobús. No, no es eso. Pero que la gente hablara de estas cosas tiene sentido. Y no es un documento para el debate social. Tiene una gran limitación, es demasiado técnico y sofisticado y todo esto se puede decir de manera más normal, más didáctica.