Con tendencia a empeorar

Cuando la semana pasada, en este mismo espacio, expresé el temor de que hiciera escuela el anuncio del Gobierno de la decisión de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el plan Ibarretxe y que, a partir de este momento, se decidiera, bien por el Gobierno bien por el PP, acudir al Tribunal Constitucional por cualquier cosa y de cualquier manera, no pensé que mi temor iba a verse confirmado de manera tan rápida como lo ha sido.

En efecto, en esta misma semana, sin esperar siquiera a que el presidente del Gobierno, tras la deliberación en Consejo de Ministros, haya interpuesto el recurso anunciado la semana pasada, nos hemos encontrado con que el secretario general del PP en Andalucía, Antonio Sanz, ha informado de la interposición por su partido de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de la Mesa del Parlamento Andaluz de no admitir a trámite una proposición no de ley del grupo parlamentario popular por la que se pretendía que el pleno del Parlamento expresara su total rechazo a unas manifestaciones de Pascual Maragall sobre la no cesión de una gota de agua del trasvase del Ebro, y en la que se instaba al Gobierno de la Junta de Andalucía a que exigiera al político catalán una rectificación.

Si Sanz no sabe muy bien cómo operan los derechos fundamentales, la Mesa ha demostrado que sí lo sabe

Puesto que el PP está representado en la Mesa del Parlamento no puede no haber tenido acceso al dictamen de los servicios jurídicos de la Cámara, en el que se explica de manera pormenorizada y solvente por qué la decisión de la Mesa de no admitir a trámite la proposición no de ley del PP a la que se ha hecho referencia está plenamente ajustada a derecho. Cualquier persona adecuadamente preparada debería haber sabido antes de la lectura de dicho dictamen que era así. Pero hasta quien no está adecuadamente preparado tiene que saberlo tras la lectura del mismo. El dictamen es inequívocamente concluyente.

¿A qué viene entonces el anuncio de Antonio Sanz de recurrir ante el Tribunal Constitucional? ¿Es que dispone de algún informe jurídico privado en el que se sostiene una tesis distinta a la mantenida por los servicios jurídicos del Parlamento y con base en el cual entiende que cabe recurrir la decisión de la Mesa del Parlamento por anticonstitucional? ¿O es que simplemente piensa que si cuela lo que el Gobierno se propone hacer con la propuesta de Ibarretxe, entonces es que puede colar cualquier cosa?

La verdad es que el recurso anunciado por Antonio Sanz jurídicamente no se entiende. ¿En qué cabeza cabe que un Parlamento pueda pronunciarse institucionalmente sobre el ejercicio de un derecho fundamental por parte de un ciudadano español? Pascual Maragall ha manifestado su opinión contraria al trasvase del Ebro. Lo lleva haciendo desde que se inició la tramitación del proyecto. Y está en su derecho a hacerlo, sin que ninguna institución pública estatal o autonómica pueda interferir en el ejercicio de su libertad de expresión. El Parlamento no puede constituir su voluntad respecto del ejercicio de un derecho fundamental por parte de un ciudadano. Jurídicamente esto es así.

Cosa distinta es que, políticamente, Antonio Sanz tenga todo el derecho del mundo a no estar de acuerdo con Pascual Maragall en este tema y a ejercer su libertad de expresión para criticarlo. Lo que no puede es hacer uso de su condición de parlamentario andaluz para tomar una iniciativa que conduzca al pleno del Parlamento a pronunciarse sobre el derecho ejercido por el político catalán. Esto, constitucionalmente hablando, es un disparate. Esta es la razón por la que la Mesa del Parlamento no ha admitido a trámite la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. Si Antonio Sanz no sabe muy bien cómo operan los derechos fundamentales en nuestro ordenamiento, la Mesa ha demostrado que sí lo sabe.

El asunto es tan claro que, si no fuera porque últimamente están pasando cosas muy raras, sería para despacharlo con una ligera sonrisa. Que se pretenda interponer un recurso de amparo por violación de derechos fundamentales contra una decisión de la Mesa que lo que ha hecho es impedir que se vulneraran derechos fundamentales por el Parlamento de Andalucía, resulta literalmente inconcebible. La iniciativa del secretario general del PP en Andalucía entraría dentro de esa cuota de ridículo con la que casi todos los dirigentes políticos tienen que cargar en algún momento a lo largo de su carrera política. Hay veces que se tienen que decir cosas o que se tienen que tomar iniciativas que se sabe que no se pueden decir o que no se deben tomar, pero que, por el motivo que sea, el partido considera que hay que decirlas o tomarlas. Y a alguien le toca decirlas o tomarlas. Esta es una de ellas. Hay elecciones en Cataluña y conviene desde Andalucía presentar una proposición no de ley contra Pascual Maragall o anunciar un recurso ante el Tribunal Constitucional si no es admitida a trámite. No es posible que Antonio Sanz, que parece que ya está acabando la carrera de Derecho, no sepa esto. Pero tiene que hacerlo.

De todas maneras, si no fuera por el clima que se está creando en torno al Tribunal Constitucional y a la utilización de este órgano como un ariete antinacionalista, es difícil pensar que Antonio Sanz se hubiera atrevido a anunciar la iniciativa de presentar el recurso de amparo contra la decisión de la Mesa del Parlamento andaluz.

Estamos deslizándonos por una pendiente muy peligrosa. La que comento hoy es una anécdota. Pero el simple hecho de que se haya producido es sintomático. El horizonte está muy feo. Y con tendencia a empeorar.