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El PP culpa al PSOE del enorme déficit municipal de Alcorcón

El PP de Alcorcón, actualmente en la oposición, aseguró ayer que los anteriores gobiernos municipales socialistas que ocuparon el Ayuntamiento hasta 1999, año en que los populares se hicieron con la alcaldía y que perdieron en 2003, dejaron una deuda municipal que en ese año ascendía a 78 millones de euros.

Los populares respondieron así a las críticas vertidas desde el PSOE sobre un endeudamiento actual del Consistorio de 90 millones de euros. El ex concejal de Hacienda, Fernando Díaz, del PP, explicó que "la situación de las cuentas municipales es precaria porque ya lo era cuando el PP llegó a la alcaldía en 1999, después de sucesivos gobiernos".

Así, de los 90 millones que debe actualmente el Ayuntamiento, 78 millones "ya los debía el Consistorio cuando el PP tomó la alcaldía", matizó Díaz, quien añadió que "de las 350.000 pesetas [2.103 euros] que dice el PSOE que debe cada familia de Alcorcón, 280.000 [1.682 euros] corresponderían a la deuda de los socialistas". Por ello, el ex edil solicitó al actual ejecutivo local socialista que "no impute al PP sus errores", porque "es una situación heredada".

Los populares sostienen que el déficit de tesorería "ya era negativo desde el año 1996" y, para demostrarlo, anunciaron que exigirán al gobierno municipal "la contratación de una auditoría que demuestre la gestión de los populares", así como que "se compruebe que el Ayuntamiento estaba en quiebra económica desde hace muchos años".

Díaz acusó a los socialistas de incumplir la ley, "porque hubo ahorro neto negativo desde el año 1996, y ya entonces tenían que haber pedido la tutela del Ministerio de Hacienda".

"Llegaremos hasta el final"

Tebelia Huertas Bartolomé, inspectora jefe de la Inspeción de Servicios de la Universidad Complutense, señaló ayer que la universidad ha tomado cartas en el asunto: "Hemos abierto un expediente informativo y hemos empezado a tomar declaración de cada uno de los implicados".

Huertas asegura que van a llegar hasta el final para saber qué es lo que ha ocurrido en el centro. "Nuestros nuevos estatutos tienen un mandato expreso de prohibir la discriminación en cualquiera de nuestros centros".

No obstante, esta inspectora jefe señala que no saben hasta qué punto pueden sancionar al colegio de probarse los hechos, pues este centro es privado y únicamente está adscrito a la Complutense.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 8 de noviembre de 2003

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