Aclaración

A propósito de una información publicada en la edición de EL PAÍS de 29 de octubre de 2003 en la que se recogen manifestaciones de fuentes judiciales en las que, de un modo u otro, se venía a culpar a las defensas de quienes son procesados en un procedimiento de haber propiciado la fuga de siete acusados, retrasando la tramitación de la causa con la interposición de recursos y la utilización de los remedios procesales que la legislación expresamente contempla, acaso sea oportuno recordar que los abogados, en el legítimo derecho de su función de defensores, hacen uso de los recursos que la ley les permite dentro de un plazo que por lo regular es breve y que siempre tiene carácter preclusivo, mientras que las resoluciones dictadas en sede jurisdiccional, pese a las previsiones legales, de hecho no están sometidas a término, y no es inusual además que contengan admoniciones acerca precisamente de lo que se entiende que es una falta de actividad impugnatoria por las partes llamadas al proceso, de tal suerte que, unas veces porque se recurre en demasía y otras porque no se recurre, lo que a juicio del tribunal debió ser objeto de recurso, la actuación de los letrados siempre esta sometida a una fluctuante e incierta crítica. Pero, en cualquier caso, lo que en verdad sorprende de la información es que el ministerio fiscal acuda a la difusa figura de las dilaciones indebidas para ampliar el plazo máximo de la prisión preventiva, que en nuestra legislación no es precisamente corto, cuando debería ser el defensor de la legalidad y, por tanto, garante del respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, sean o no procesados, impidiendo que permanezcan más de cuatro años privados de libertad sin haber sido condenados en sentencia alguna.