El Defensor del Pueblo pide que la fiscalía no inste a repatriar menores

El Defensor del Pueblo remitirá un escrito al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, para pedirle que reconsidere la instrucción que ordena a los fiscales que soliciten la repatriación de los menores extranjeros no acompañados de mayores de 16 años, según anunció la adjunta primera al Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano. Ésta especificó que no comparte "la mayor parte de las consideraciones" realizadas por Cardenal porque el marco jurídico español no permite adoptar criterios con carácter general en materia de menores.

"No se puede generalizar en los casos de menores extranjeros que entran de forma clandestina en España, sino que es un mandato legal estudiar caso por caso si se debe decretar o no la situación de desamparo de estos menores", recalcó Cava de Llano. El defensor del menor en Madrid, Pedro Núñez Morgades, había anunciado el miércoles su oposición a la iniciativa de Cardenal.

En este sentido, recordó que la legislación mandata a la Administración a realizar los trámites de repatriación del menor porque el primer objetivo debe ser la reagrupación familiar de éste, pero siempre en el caso de que las familias sean localizadas en el país de origen o que los servicios de protección de menores del mismo garanticen que no existe riesgo para la integridad física y psíquica del menor.

Pero además, criticó que Cardenal aplique en su instrucción a estos menores la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. "Estos chicos no son menores delincuentes y además los jueces de menores no tienen competencias para acordar su internamiento", subrayó. En cualquier caso, reconoció los esfuerzos que se están haciendo en la atención de este colectivo y la sobresaturación de centros de acogida de menores, especialmente en zonas como Ceuta, Melilla o Canarias, pero insistió en que la vía de solución a estos problemas debe ser la búsqueda de colaboración entre el país de acogida y de origen del menor, especialmente entre España y Marruecos, de donde procede el 75% de los menores no acompañados. "Las medidas deben acordarse respetando siempre el interés superior del menor, por eso la Oficina del Defensor del Pueblo elevará un escrito pidiendo al fiscal general del Estado que reconsidere su instrucción", concluyó.

"Coartada legal"

Cardenal hablaba en la orden que remitió a los fiscales el 23 de octubre de una "incontrolada avalancha de extranjeros menores indocumentados". Añadía el fiscal general que no puede permitirse que "la minoría de edad se convierta en una coartada legal que legitime la violación sistemática de las normas del Estado" y aducía que el mero hecho de llegar solos a España prueba que están emancipados y no desamparados y tienen "capacidad civil de obrar".

También el Grupo Parlamentario de CiU ha acogido este asunto con preocupación y ha pedido la comparecencia en el Congreso, ante la Comisión de Justicia e Interior, del delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Ignacio González, para que explique la posición del Gobierno ante las instrucciones de Cardenal.

"Esta orden da la sensación de que pretende sacar a la Administración y a las fiscalías las pulgas de encima y volcar en Marruecos toda la responsabilidad del problema, en un tema que es muy grave", dijo el portavoz parlamentario de CiU en materia de Inmigración, Carles Campuzano. A su juicio, los criterios establecidos por Cardenal chocan con la legislación nacional e internacional. Campuzano insistió en que el problema debe ser tratado a través de la colaboración entre España y Marruecos. "Queremos que el Gobierno venga a sede parlamentaria para discutir esta instrucción", concluyó.