Bruselas emplaza a Madrid y Londres a que pacten el derecho de los gibraltareños a votar en las europeas

La Comisión Europea echó ayer un jarro de agua fría a las pretensiones españolas de contar con su apoyo en su nuevo contencioso con Gibraltar. El colegio de comisarios, con los dos votos en contra de los españoles Loyola de Palacio y Pedro Solbes, considera que la ley británica que da el derecho de voto en las elecciones europeas a los ciudadanos de la Commonwealth registrados en el Peñón no contraviene la normativa europea. Para no herir susceptibilidades, Bruselas optó por una mera declaración en vez de aprobar un dictamen y recomendó a Madrid y Londres un acuerdo amistoso.

A raíz de la denuncia española presentada en julio ante la Comisión Europea, ésta pidió un dictamen jurídico interno que quita la razón al Gobierno en este contencioso, si bien añade que resulta "extraño" que Londres otorgue derecho a voto a ciudadanos de la Commonwealth registrados en Gibraltar que no son británicos y no tienen el derecho a circular libremente en el Reino Unido. Esta salvedad apunta a una cuestión que ya señalaba el Gobierno en su recurso: la nueva ley británica "afecta al concepto mismo de ciudadanía europea" al dar derecho de voto a quien no es considerado tal.

Expertos consultados en Bruselas consideran que este asunto abre un importante contencioso en la UE, ya que el proyecto de Constitución europea consagra la vinculación entre nacionalidad, ciudadanía y derecho al voto, lo que podría acarrear problemas al Reino Unido, donde un millón de ciudadanos de la Commonwealth (la comunidad de 49 naciones presidida por Isabel II) no tienen la ciudadanía europea pero votan en las elecciones a la Eurocámara.

Mera declaración

El presidente de la Comisión, Romano Prodi, y la mayoría de comisarios, fueron partidarios de hacer prevalecer la tesis de que la ley británica no contraviene el Tratado. El comunicado dice: "La Comisión considera, tras un análisis profundo de la queja española y una audición oral celebrada el 1 de octubre, que el Reino Unido ha organizado la extensión del derecho al voto de los residentes en Gibraltar dentro del margen de discrecionalidad que actualmente tienen los Estados miembros en la ley comunitaria. No obstante, dada la sensibilidad que subyace en esta cuestión bilateral, la Comisión se abstiene en este momento de adoptar una opinión razonada como le confiere el artículo 227 del Tratado e invita a las partes a encontrar una solución amistosa".

El Gobierno español señaló en julio pasado que si la Comisión no veía ilegalidad en la ley británica no recurriría al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. El Ministerio de Exteriores español se limitó ayer a declarar haber leído "con sumo interés" el comunicado y a constatar que la Comisión no ha hecho un dictamen, sino una declaración. El del Reino Unido se ofreció a dialogar "amistosamente" con España. "Somos dos países amigos y ésta es una disputa entre amigos", dijo a Efe un portavoz del Foreign Office.