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Columna
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Un naufragio calculado

Mi colega Lydia Garrido publicó el lunes pasado en estas páginas una documentada información sobre la situación económica de las televisiones autonómicas españolas. El corolario de ese matizado relato, como acaso recuerde el lector, no era otro que la quiebra técnica en la que se encuentra el ente valenciano. A modo ilustrativo se lo comparaba con TV3 -cuya superior calidad y eficiencia no necesita ponderación alguna- y se anotaba: "RTVV tiene mayor presupuesto, mayor plantilla, menor audiencia, mucho menor impacto social, más producción externa, sólo el 30% de la programación se emite en valenciano y tiene dos canales de TV y dos de radio (frente a los cinco y cuatro, respectivamente, de la catalana)". De la comparación con los otros entes autonómicos tampoco salía mejor parado el tinglado de Burjassot, líder en deuda acumulada y en censo laboral.

Aunque sumaria, tal descripción reitera el caos y despilfarro que se viene denunciando estos últimos años desde dentro y desde fuera de la televisión valenciana. Un fenómeno que nos aboca a cuestionar las causas de esta ominosa extravagancia que no ha hecho más que acentuarse un ejercicio tras otro. Y en tal tesitura parece claro que el origen del desmán no está principalmente -aunque también- en el estamento dirigente de los medios que nos ocupan -radio y televisión autonómicas-, sino en el cálculo y la frivolidad de las instancias políticas que tutelan, manipulan y lastran el ente. Esto es, en el Gobierno de la Generalitat que en ningún momento ha dado la menor muestra de querer enmendar el entuerto, pues hay visos sobrados para colegir que está -o estaba- predeterminado.

Al menos, y eso conviene matizarlo, hasta ahora. El titular actual del Ejecutivo, Francisco Camps, no ha dicho todavía una palabra al respecto ni, sospechamos, se le ha brindado la posibilidad de hacerlo. RTVV sigue siendo una parcela blindada del zaplanismo y todo cuanto en esa casa acontece lleva su vitola. Ascensos, reclutamiento de personal, programaciones y sinecuras exhiben el sello del hoy ministro de Trabajo, tan propenso a disparar con pólvora de rey, inflar los déficit de toda laya y confiar en la pócima mágica que consiste en desacreditar la titularidad pública y ponerla a punto de caramelo para los córvidos particulares. Una fórmula respetable si su electorado se la bendice, pero aún así, resulta condenable, por abusivo, que previamente haya de hundir las finanzas del ente en cuestión y enlodar el producto con tanta basura.

En suma, que las dolencias de RTVV responden a un plan que, para mayor mortificación del vecindario progresista o simplemente avisado, cuenta con la complicidad de unos consejeros de administración que ha tiempo que, por coherencia con su papel de opositores, debieron renunciar a tan bochornosa escenificación de su propia inutilidad. ¿O es que se conforma en certificar periódicamente el desmadre de la cuenta de explotación y el nepotismo establecido?

Pues ésta es parte de la herencia que le cumple administrar al Consell. Presentimos que no es un plato de su gusto y que en el fuero interno de Camps late el propósito de restablecer los criterios fundacionales del ente, dotándolo de la racionalidad económica adecuada. La legislatura es larga y no han de faltarle ocasiones para retratarse.

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