Burla y frustración
La Audiencia Nacional celebra estos días un importante juicio por narcotráfico cuyos principales acusados no se sientan en el banquillo porque se han fugado. Cada vez que ocurre un hecho de este tipo -al menos hay cuatro precedentes en los dos últimos años en la Audiencia Nacional - no sólo se hace burla a la justicia. Se produce también una frustración entre los ciudadanos, que no llegan a comprender que se produzcan hechos de este tipo, bien por actuaciones judiciales presuntamente indolentes, bien por incomprensibles fallos de vigilancia, o por ambas causas a la vez. En el proceso que nos ocupa, los fugitivos están acusados de haber introducido en España más de 800 kilos de heroína.
La fuga supone también un inadmisible despilfarro de fondos públicos. Seguir los pasos y desarticular una red de narcotraficantes implica un apreciable costo para las arcas del Estado para que, finalmente, sus integrantes se den a la fuga. En esta ocasión, el jefe de la red, uno de los siete huidos, desapareció durante su entrega temporal a Portugal para ser juzgado por otro caso, y los otros seis se han esfumado tras haber sido puestos en libertad en abril pasado, una vez agotados los cuatro años máximos de prisión preventiva.
Habría que preguntarse, en primer término, qué ha impedido celebrar el juicio en un plazo de tiempo no precisamente exiguo; si se debe a una actuación negligente o parsimoniosa de los jueces o a una preocupante falta de medios del más importante tribunal juzgador del Estado, como acaban de denunciar los servicios de Inspección del Consejo del Poder Judicial.
Pero, en segundo lugar, cabe preguntarse también qué hace la policía que permite que presuntos narcotraficantes sometidos a proceso puedan moverse a su antojo y traspasar las fronteras si les viene en gana. El ministro Acebes no puede blandir esta vez ninguna norma, como hizo en el caso King, para justificar la falta de vigilancia policial sobre estas personas. El Consejo del Poder Judicial debe investigar si la fuga se debe al mal funcionamiento de la justicia y tomar las medidas correctoras que procedan, o si se debe a la falta de medios, y, en este supuesto, exigírselos con más energía que hasta ahora al Gobierno.
